El control social no puede convertirse en un negocio, ni las denuncias en mecanismos de presión para conseguir acuerdos económicos por debajo de la mesa.
En el Chocó necesitamos veedores ciudadanos comprometidos con la transparencia, capaces de vigilar la contratación pública, hacer seguimiento a las obras, examinar la inversión de los recursos y exigirles resultados a nuestros gobernantes. Esa es su razón de ser y una tarea indispensable para un departamento que históricamente reclama soluciones a sus necesidades.
Sin embargo, preocupa que algunos hayan terminado desnaturalizando esa función y convirtiendo la veeduría en un aparente negocio particular.
Hay prácticas que merecen ser examinadas: veedores que primero señalan y amenazan con denuncias sin investigar suficientemente; que anuncian a quién tienen en la mira y generan presión hasta provocar acercamientos privados que, presuntamente, terminan en acuerdos económicos y en el silenciamiento de sus cuestionamientos.
Pero hay algo todavía más preocupante, las posibles alianzas entre algunos de estos veedores y determinados medios de comunicación y cuentas en redes sociales para emprender ofensivas públicas contra alcaldes, funcionarios y personajes de la vida pública, se multiplican los señalamientos, se deteriora la imagen de los cuestionados y, presuntamente, detrás de esa exposición se buscarían acuerdos económicos para detener las publicaciones y las denuncias.
Si estas prácticas se comprueban, no estaríamos simplemente ante una falta de ética, dependiendo de las circunstancias, podrían existir conductas delictivas que deben investigar las autoridades.
El periodismo tiene la obligación de fiscalizar al poder, y las veedurías tienen el derecho y el deber de ejercer control social, pero ninguna de estas funciones puede utilizarse como instrumento de chantaje, presión económica o negociación de silencios.
El Chocó no necesita veedores de bolsillo ni periodistas al servicio de intereses clandestinos, necesita ciudadanos que defiendan los recursos públicos con independencia, rigor y responsabilidad, porque cada peso que se pierde, cada obra que queda inconclusa y cada contrato que no cumple su propósito representa una oportunidad menos para nuestras comunidades.
También hay que decirlo: denunciar no es condenar, y tener una credencial de veedor no convierte a nadie en dueño de la verdad ni lo pone por encima de la ley.
El control social es una herramienta de la democracia, no una empresa de cobro. La denuncia es una responsabilidad ciudadana, no una mercancía. Y la transparencia que tanto reclamamos a nuestros gobernantes también debemos exigirla a quienes dicen defenderla.
Ante las publicaciones que leemos en redes sociales, donde personas que hacen control social en el Chocó, se sacan los trapos al sol y hablan de supuestos “negociados” con algunos gobernantes de turno, La pregunta es inevitable: ¿quién vigila a los vigilantes cuando algunos de ellos parecen terminar haciendo negocios con quienes deberían vigilar?
El Chocó necesita menos espectáculo, menos negocios disfrazados de denuncias y mucho más control social verdadero.
Jhon Diaz C.
Periodista.
