10 octubre de 2026, Bogotá D.C.
La puja entre el presidente Abelardo De La Espriella ADLE y la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, por la atención del terremoto del 10 de agosto pasado, ha puesto en evidencia la gran capacidad de gestión y la audacia en el manejo comunicacional de estos mandatarios para solicitar donaciones internacionales y aportes de empresarios nacionales, organizaciones sociales y ONG. Sin embargo, también ha dejado al descubierto la escasa disposición de sus gobiernos para destinar recursos propios de sus presupuestos a atender la tragedia, así como el exceso de espectáculo mediático.
Por: Víctor Manuel García Ayala
Como si mañana fuésemos a la Tercera Guerra Mundial y no a atender el terremoto del municipio de San José del Palmar, el presidente ADLE presentó un “Plan Marshall para el Chocó” por un valor de un billón de pesos, sin una planeación, programas y proyectos formulados o por formular que se pretendan ejecutar; sin recursos presupuestales aprobados; estudios técnicos previos, ambientales y de consulta previa con las comunidades en sus territorios.
Tratando de engañar al duende, “El Tigre” de la patria milagro y la gober Nubia Carolina, con su plan de desarrollo “El Chocó en Ruta hacia el Progreso”, llevaron a Quibdó una “Cumbre Empresarial para la Transformación del Chocó”, con el propósito de definir acciones para la reconstrucción de 3.136 mil viviendas destruidas en el Chocó (EL HERALDO.CO) y 27 mil viviendas para intervención, tras el terremoto del 10 de agosto.
Nos anunciaron ideas sin soportes y sin recursos como si fuesen proyectos, lo que ha llevado a los chocoanos a preguntarse: ¿cuáles de estos anuncios responden realmente a las necesidades inmediatas por causa del sismo y cuáles corresponden a una visión de desarrollo a largo plazo? o ¿en qué farsa nos quieren montar?
Malecón gastronómico de Quibdó, vía al Darién, pavimentar 10,8 kilómetros de la vía Tutunendo–Ichó, mejorar la pista del aeropuerto de Bahía Solano, canal o tren interoceánico, crear condiciones especiales para atraer industrias, empresas e inversión privada al Chocó a través de un régimen tributario e incentivos, régimen especial para formalizar la minería,100 becas para jóvenes chocoanos, estrategia de “Pueblos Milagros” de turismo de naturaleza en Nuquí y Bahía Solano, compra de productos agrícolas a los chocoanos, acceso a la bancarización para los jóvenes y emprendedores, comprar la producción del viche a través de la Central Mayorista de Antioquia y completar los 6 kilómetros pendientes para conectar la zona agrícola con Urabá, fueron los anuncios.
Al buscar estos compromisos y proyectos, no aparecen las partidas presupuestales en el SECOP, en Planeación Nacional ni en el Presupuesto General de la Nación aprobado en primer debate, el 15 de septiembre, por las comisiones económicas de la Cámara y el Senado para 2027.
Sin embargo, en la inversión regionalizada aparecen asignados al Chocó $1,446 billones para 2027, unos $180.000 millones menos que en 2026. Lo que define un recorte de $23.000 millones en el presupuesto destinado a los jóvenes deportistas, en un departamento con índices de pobreza monetaria del 25% y de pobreza multidimensional del 45%, mientras que en el país estos indicadores han descendido a menos del 10 % y al 17 %, respectivamente.
Estas cifras contrastan con la asignación presupuestal de $960.000 millones del Fondo Milagro para atender las 32.000 viviendas afectadas por el terremoto, de las 150.000 viviendas del departamento, registradas por el DANE. Al comparar estas cifras con las del Valle del Cauca, que cuenta con 1.455.000 viviendas, de las cuales 55.000 resultaron afectadas por el terremoto, se observa que, mientras el Chocó registra afectaciones en aproximadamente el 21 % de sus viviendas, en el Valle del Cauca la proporción es cercana al 4 %, lo cual estas asignaciones no reflejan una proporción adecuada a la magnitud de los daños y a las necesidades del Chocó, así lo dio a conocer el Representante Francisco Vidal, en el debate de control político al Ministro de Vivienda en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, realizado el día 29 de septiembre de 2026.
Contrario a lo que propone ADLE, en estos momentos, lo que se requiere es la formulación del “Plan de Reconstrucción del Chocó” para atender los efectos del sismo, que incluya, en su primera fase, una evaluación integral de los daños: determinar claramente el número de viviendas que deben reconstruirse; establecer cuáles estructuras pueden repararse y cuáles deben demolerse; potenciar los servicios de acueductos, energía, electricidad, comunicaciones y transporte; y elaborar la planificación necesaria para reconstruir las zonas afectadas.
Esta primera fase debe contemplar también el apoyo a las familias que perdieron sus viviendas o medios de subsistencia, así como la atención de las necesidades de las comunidades desplazadas, durante un período de entre uno y seis meses.
Luego se pasaría a una segunda fase para reorganizar las ciudades y pueblos afectados, que incluya la reconstrucción y construcción de centros de salud, del Hospital de Tercer Nivel de Quibdó; de los centros educativos en los municipios afectados; la actualización del POT de Quibdó y de EOT municipales para alcanzar la planeación, la recuperación y el crecimiento económico sostenibles; la reubicación de la plaza de mercado de Quibdó con la construcción de la Central de Abastos y su consecuente construcción de la vía Circunvalar; la definición de la Terminal de Transporte de Quibdó; la reubicación de la Cárcel Anayancy; la construcción de la carretera al mar hacia Nuquí; la vía Nóvita-Cartago; y la promoción del desarrollo, la autonomía y la democracia energética frente a la crisis de DISPAC, mediante la construcción de la Central Hidroeléctrica del San Juan propuesta por el ingeniero Armando Perea, que cuenta con estudios socioeconómicos y ambientales para generar y vender energía, en lugar de recurrir a soluciones basadas en plantas de ACPM, panel solar, y/o, en cambio, utilizar energía eólica de alta mar, para abaratar los costos de la energía, entre otras prioridades del “Plan Reconstrucción del Chocó”.
Jugando ajedrez en un tablero de dama china, con la tragedia del sismo, ADLE salvó su primer año de gobierno. Montó su negocio personal utilizando al Chocó como la imagen del terremoto; creó el “Fondo Milagro” como una fiducia pública autónoma para formular, contratar y ejecutar proyectos de obras por cuenta de este; recaudó donaciones nacionales e internacionales por 2 billones de pesos y, “extrañamente”, las canalizó a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de su esposa, Ana Lucía Pineda, representante legal, para la campaña “Colombia, un solo corazón”, accionando como una pirámide que no le rinde cuentas a nadie.
Esta situación llevó a la Contraloría el 7 de octubre a solicitar un informe sobre la trazabilidad de los fondos recaudados; y al senador Alejandro Ocampo, el 22 de septiembre, tutelar en un proceso de exigencia de transparencia sobre el manejo de los dineros, ante el Juzgado 38 de Familia de Bogotá, con radicado 1100131100-38-2026-00590-00, a la que la juez dio 48 horas para informar sobre la trazabilidad de las donaciones recaudadas tras el terremoto, esclarecer cuánto dinero recibió la fundación, cuáles fueron los gastos y la inversión de los recursos, y qué mecanismos de control o auditoría forense se utilizaron en el manejo de los fondos.
Nubia Carolina y ADLE se parecen: los anuncios hechos por este y la gobernadora no están encaminados a la reconstrucción. Ambos coinciden en el negocio personal que representa la idea de Nubia: el malecón gastronómico, por un valor de 45 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a la terminación del El Malecón Turístico que desarrolló Fontur en el año 2013 o a la renovación urbana de Quibdó, tomando como partida “El Malecón Boca a Boca” propuesto por Fon-Beteguma.
Contrasta con ello, el informe de la UNRGD del 7 de octubre, anunciando que ya terminó la versión preliminar del Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE) de las zonas afectadas, y será presentado el próximo 14 de octubre al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para su aprobación, y Solo después de ese trámite quedará definida la ruta oficial de recuperación y las acciones priorizadas para la reconstrucción.
Luego de todo esto, cabe preguntarse, ¿hasta dónde se sienten responsables ADLE y Nubia Carolina por sus declaraciones, si aún no tienen definida la ruta oficial de recuperación y las acciones priorizadas para la reconstrucción? ¡Abelardo, dónde está la plata del terremoto?
