Por Jaminson Salazar Palacios
Mientras los ciudadanos ven fiestas, festivales, promoción turística y grandes eventos en los municipios del Chocó, existe una pregunta que merece una respuesta clara: ¿quién está poniendo realmente el dinero?
La información consolidada de FONTUR, con corte al 31 de julio de 2026, registra para el período 2024–2026 aproximadamente $11.146 millones aprobados y $6.919 millones ejecutados en proyectos relacionados con los municipios del departamento.
Las cifras sorprenden.
Quibdó: $2.581 millones aprobados y $2.270 millones ejecutados.
Bahía Solano: $2.459 millones aprobados y $592 millones ejecutados.
Nuquí: $1.440 millones aprobados y $614 millones ejecutados.
Riosucio: $1.114 millones aprobados y $1.029 millones ejecutados.
Acandí: $902 millones aprobados y apenas $20 millones ejecutados.
Y existen municipios con ejecuciones del 100 % de los valores registrados, mientras Nuevo Belén de Bajirá y Unión Panamericana aparecen sin asignaciones específicas en esta consolidación.
Pero aquí está lo verdaderamente importante: estos recursos no deben confundirse automáticamente con ingresos propios de las alcaldías.
FONTUR puede financiar proyectos de promoción turística, infraestructura, festivales, fortalecimiento de destinos y otras iniciativas mediante diferentes mecanismos de ejecución. Por eso, cuando un municipio realiza una fiesta patronal o un evento turístico, el ciudadano debería poder identificar con absoluta claridad:
¿Cuánto puso la alcaldía?
¿Cuánto aportó FONTUR?
¿Cuánto aportó la Gobernación?
¿Quién recibió y ejecutó los recursos?
¿Existieron convenios o contratos adicionales?
¿Y dónde quedó registrado cada aporte?
Esta última pregunta es fundamental.
Porque cuando concurren recursos nacionales, departamentales y municipales para actividades relacionadas con un mismo evento, la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdadera estructura financiera de la actividad.
No estamos afirmando que exista una irregularidad por el simple hecho de que existan contratos, convenios u objetos similares. Eso solamente puede determinarse después de revisar los documentos y las circunstancias particulares de cada proceso.
Pero sí resulta legítimo preguntar por aquellos casos en los que los estudios previos, contratos o convenios parecen perseguir objetivos relacionados con una misma actividad turística o festiva.
La pregunta es sencilla:
¿Se trata de recursos complementarios o existen conceptos que deberían ser explicados con mayor detalle?
Y aquí aparece el papel de los organismos de control.
La Contraloría, dentro de sus competencias, puede revisar la gestión de los recursos públicos y determinar si existen situaciones que ameriten actuaciones de control fiscal.
Por eso sería conveniente conocer su pronunciamiento frente a estos procesos, especialmente cuando se combinan diferentes fuentes de financiación. Pero en el mes siguiente haremos un informe, con datos detallado sobre el comportamiento de la contraloría departamental en lo que corresponde a sus funciones y el ´papel que juegan en materia de control fiscal para los municipios
El propósito de esta columna no es acusar a ningún alcalde, funcionarios, contratistas u operadores.
Es llamar la atención sobre algo mucho más elemental: el ciudadano tiene derecho a saber quién financia las actividades que se presentan como logros municipales.
Porque recurso aprobado no es lo mismo que recurso ejecutado; recurso nacional no es necesariamente recurso municipal; y anunciar una inversión tampoco significa que el dinero haya terminado en las manos de la administración local.
En el Chocó se necesitan más respuestas y menos zonas grises.
Si hay recursos de FONTUR, que se conozcan.
Si hay recursos propios, que se identifiquen.
Si hay convenios, que se publiquen.
Si hay contratos, que se expliquen.
Y si existen dudas, que los organismos de control las revisen.
Porque cuando se trata de dinero público, la ciudadanía no debería tener que adivinar quién pagó la fiesta.
