En un Estado de derecho como el colombiano, no cualquier estado de derecho, sino un estado “Constitucional de Derecho”, donde todo está regulado por normas de estirpe Constitucional, el respeto que estamos obligados a profesar por las decisiones judiciales, constituye un pilar fundamental para garantizar la convivencia pacífica y la seguridad jurídica.
Un proveído judicial emitido bien sea por tribunales o jueces, no solo representa la aplicación de la ley de manera material y concreta, sino que también refleja el ejercicio legítimo del poder del estado en cabeza de la rama judicial del poder público.
El respeto por las decisiones judiciales implica reconocer la autonomía e independencia de los jueces, quienes, bajo los principios de imparcialidad y legalidad, interpretan y aplican las normas con el objetivo de resolver conflictos y proteger los derechos de los ciudadanos. Este respeto no significa estar de acuerdo con todas las sentencias, sino aceptar que estas son el resultado de un proceso legal enmarcado en la Constitución y la ley.
De otro lado, fortalece la confianza en las instituciones y evita el caos social que surgiría si cada ciudadano decidiera acatar o desconocer las decisiones judiciales según su conveniencia. En Colombia, donde la justicia es un componente esencial para la estabilidad democrática, promover una cultura de respeto hacia las sentencias contribuye a la construcción de un sistema judicial sólido, transparente y eficiente. Es igualmente esencial para garantizar la estabilidad social y la vigencia del Estado de Derecho. Desde una perspectiva legal, las sentencias emitidas por los jueces y tribunales constituyen la materialización del poder judicial, que debe actuar con independencia e imparcialidad para resolver los conflictos conforme a la Constitución y las leyes vigentes. Este respeto asegura que las decisiones judiciales sean acatadas, promoviendo la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial.
En términos sociales, respetar los fallos judiciales contribuye a mantener la paz y el orden, evitando la arbitrariedad y el caos que surgirían si cada individuo interpretara la justicia a su manera. La aceptación de las sentencias fortalece la cohesión social y el respeto mutuo, fundamentales para la convivencia democrática. Además, el respeto por la justicia permite que los ciudadanos reconozcan y valoren la autoridad legítima de las instituciones, lo que es indispensable para la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Es importante recordar que existen mecanismos legales para impugnar las decisiones judiciales, lo que demuestra que el respeto por los fallos no excluye el derecho a cuestionarlos por vías legítimas, manteniendo siempre el orden y la legalidad. Por fortuna en nuestro ordenamiento jurídico se cuenta con mecanismos legales para controvertir decisiones que se consideren erróneas, lo que garantiza un equilibrio entre la autoridad judicial y los derechos de los ciudadanos, siempre dentro del marco del orden y la legalidad, la “Doble Instancia”, donde jueces de superior jerarquía revisan las decisiones de instancias inferiores, con el propósito de corregir eventuales yerros.
Por esta potísima razón, es impresentable que a propósito del fallo proferido por la valerosa jueza Heredia en el proceso tramitado en contra de Álvaro Uribe Vélez, se pretenda trasladar el asunto al plano político, sustrayéndolo exprofeso de su escenario natural, el proceso mismo a la luz del cual se deben interponer los recursos legales en ejercicio de los principios de la precluidad y doble instancia.
Este protervo propósito constituye un serio riesgo para el equilibrio democrático y el respeto por el Estado de Derecho. En Colombia, como en cualquier democracia constitucional, los jueces y magistrados tienen la función de interpretar y aplicar la ley de forma autónoma e imparcial, basándose en el orden jurídico y no en intereses ideológicos, partidistas o de conveniencia coyuntural.
Cuando una decisión judicial se politiza, se debilita la independencia del poder de la justicia, se distorsiona el contenido jurídico de la sentencia y se incentiva el desconocimiento de las normas bajo argumentos emocionales o de presión política. Esto no solo mina la legitimidad de las instituciones, sino que también crea un peligroso precedente: que las decisiones judiciales pueden ser ignoradas o deslegitimadas si no son populares o si afectan a ciertos sectores del poder.
Desde el punto de vista social, trasladar el debate judicial al terreno político polariza a la sociedad y erosiona la confianza en la justicia como mecanismo neutral de resolución de conflictos, abriendo la puerta peligrosísima de la instrumentalización del sistema judicial para fines partidistas, debilitando su función esencial de garante de los derechos fundamentales y del cumplimiento de la ley.
En consecuencia, las decisiones judiciales tienen que ser respetadas y acatadas, si es el caso cuestionadas dentro del marco jurídico previsto, esto es con las herramienta y recursos de ley y no en escenarios políticos donde prevalecen intereses distintos a la justicia. Solo así se preserva la separación de poderes y se protege la democracia frente a la manipulación institucional.
AROLDO DE J. AMAYA CHAVERRA
C.C.No. 82.382.121
