La contratación de la logística para los comicios habría sido fraccionada para evitar un proceso de selección con pluralidad de oferentes, entre otras presuntas anomalías.
Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2026.
La Fiscalía General de la Nación identificó posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la logística de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo en Riosucio (Chocó). Entre ellas están el fraccionamiento de la contratación, el uso de facturas
fraudulentas e inconsistencias en el suministro de alimentación y combustible.
Por estos hechos son investigados el alcalde de Riosucio, Juan Moreno Mena; el secretario de Hacienda, Roberto Bayron Tipton Caicedo; el jefe de Presupuesto, Francisco Calvo Romaña; el auxiliar administrativo, Wilmer Enrique Romaña Vargas; el coordinador de la Oficina de Riesgo, Jair García Rodríguez; y el recaudador de impuestos, Ariel Alejandro
Moreno Ayala.
Según los elementos materiales probatorios, los seis funcionarios, al parecer, intervinieron de diferentes maneras en varios contratos que no se suscribieron en el marco de un proceso
contractutual planificado, fraccionando su objeto para evitar un mecanismo de selección objetiva con pluralidad de oferentes y justificando el giro directo del dinero.
El alcalde, como ordenador del gasto, conocía la cuantía total y el objeto de la contratación, pero habría dispuesto dividirla en varias resoluciones. Asimismo, es señalado de no incluir la
necesidad presupuestal en el plan de adquisiciones, pese a que el calendario electoral era conocido desde 2025.
En desarrollo de estas actuaciones fueron autorizadas cinco partidas por un total de 200 millones de pesos. Las evidencias recaudadas indican que solo una parte del dinero fueutilizada para la logística electoral. Para soportar los gastos, presuntamente se presentaron
cuentas de cobro con facturas fraudulentas por la entrega de almuerzos, algunas sin fecha; documentos sobre suministro de combustible expedidos después de los comicios o con
valores superiores a los precios reales, y constancias que buscaban simular el pago de viáticos a jurados electorales por valores elevados.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó imputó a los seis investigados, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de peculado por apropiación,
prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado. Los cargos no fueron aceptados.
Esta información se publica por razones de interés general.
