Octubre 25 de 2026
“Este no es un gobierno de discusión y de consensos, sino de alineación”, declaró el presidente Abelardo De La Espriella ADLE, en referencia a las modificaciones introducidas al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027.
Por: Víctor Manuel García Ayala
La aprobación del Presupuesto General de la Nación y las decisiones tomadas durante la noche del 19 de octubre estuvieron enmarcadas en la estrategia espejo de discutirlo simultáneamente en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado, con el propósito de impedir modificaciones al texto aprobado en primer debate por las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República el 23 de septiembre de 2026.
La estrategia se concluyó en la madrugada del 20 de octubre, sin que la bancada de gobierno de la Cámara de Representantes se “percatara” de que había aprobado un texto del artículo 65 distinto del aprobado por el Senado, con un presupuesto desfinanciado en 20 programas sociales, sin recursos para atender la tragedia del terremoto y que autoriza al Gobierno a adelantar créditos con la banca multilateral para el pago de la deuda; y sin advertirnos de la profunda crisis social, ambiental, energética y económica que se avecina.
A esa hora, ya no habría tiempo para solicitar una conciliación, pues los plazos establecidos no permitían hacerlo. Por lo tanto, no puede concluirse que se hubiera tratado de un error o un descuido por parte de las bancadas del Gobierno, o del ministro del Interior, Rodrigo Lara, responsable de la coordinación con las bancadas, ni del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien firmó las modificaciones introducidas al artículo 65, y mucho menos, cuando se rumoraba que el presidente De La Espriella quería su aprobación, por vía Decreto.
Esa misma noche, el ministro Lara celebró su aprobación, afirmando que el valor aprobado por 564.9 billones de pesos, era el que inicialmente se presentó; que el gobierno aprobará el presupuesto por Decreto; y aunque dijo que no había pasado nada, cuando aún se encontraba en la plenaria, a las 3 de la madrugada le fue notificada, vía Twitter, la desvinculación; el día 23 de octubre fueron desvinculados 6 asesores al ministro de Hacienda, y el día siguiente, dimitió al cargo el ministro Gómez Martínez.
La puesta en escena quedó al descubierto cuando, en la mañana del 20 de octubre, la senadora Esmeralda Hernández y la exdefensora del Pueblo de Bogotá, Lina García, expusieron en una transmisión en directo por La W Radio, en el espacio periodístico El Reporte Coronell, el desajuste normativo detectado tras cotejar la totalidad del articulado del proyecto. Este hecho también permitió a los estrategas políticos del Pacto Histórico descubrir el trasfondo de la retórica del proyecto presupuestal de ADLE.
En términos presupuestales, lo ocurrido no fue, como lo define el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, “un error no forzado”, en el que se trasladan $5 billones del presupuesto de inversión a los presupuestos regionalizados. Cárdenas sostiene que esto no representa un problema para los mercados y que no va a pasar nada. También afirmó que lo verdaderamente relevante para los mercados es que se aproveche esta crisis para aprobar el proyecto de rescate financiero. (Tik Tok)
Lo qué si ocurrió, fue, tras las reclamaciones de la bancada de oposición, que al expedir por decreto el Presupuesto General de la Nación 2027, el Gobierno tuvo que conservar la distribución aprobada en el primer debate en las comisiones económicas conjuntas, y dejar por fuera las modificaciones aprobadas en las plenarias del Congreso. Entre ellas se encuentran los $3 billones destinados pagar cartera de las EPS; los $11.400 millones que se habían recortado al presupuesto de la JEP; los $100.000 millones acordados con congresistas de Santander para financiar la variante de San Gil; la restitución de $500.000 millones al SENA; los $3 billones adicionales para el ICETEX, destinados a subsidiar a los estudiantes; los $373.000 millones que se habían recortado al sector deportivo; y los $3 billones adicionales para subsidiar los servicios de energía eléctrica y gas en 2027, en medio de las advertencias sobre el riesgo de desabastecimiento energético.
También tuvo que dejar por fuera los $3,4 billones que, según lo señalado en el debate presupuestal, se pretendían destinar al denominado Fondo Milagro, así como el artículo que otorgaba facultades excepcionales al presidente de la República para efectuar traslados presupuestales discrecionales por $14 billones.
Todo lo anterior confirma tres aspectos importantes. Primero, el show mediático de ADLE, su desprecio a los damnificados del terremoto y que si había recursos para atender la tragedia causada por el sismo. Segundo, la relevancia de la sospecha planteada por el politólogo Ariel Ávila sobre la temprana radicalización de ADLE y su intención de conformar un gobierno de orientación fanático religiosa, aliado con la ultraderecha conservadora. Tercero, que el Mohán de Ichó, el Duende de Cali y el Rey Momo de Barranquilla tienen razón al afirmar: ADLE, “De noche no se hacen milagros”.
