En ese proceso de intento de traslado del centro penitenciario hasta yo intervine -en el periodo presidencial de Andrés Pastrana- para que su Ministro de Justicia Rómulo González Trujillo, dispusiera de una comisión que visitara un predio ubicado en el sitio conocido como “La Platina”, comisión que conceptuó, como era usual en aquella época que, el terreno no contaba con servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado e inclusive fluido eléctrico; eran los tiempos que se llevaban los recursos de inversión para otra región por la falta de servicios esenciales.
Posteriormente, para las calendas del 18 y 20 de mayo del 2021 el INPEC/ USPEC junto a la Gobernación del Chocó, adelantaron una nueva visita que contó con la presencia del inamovible Secretario del Interior “Pacho el Bueno” -Hummm-,quienes dejaron claro que el predio visitado, contaba con los requisitos para la viabilidad -Oficio 810 OFPLA 81101 del INPEC a Representante Astrid Sánchez de 20 de agosto de 2021-, y después de varias diligencias de gestores culturales, líderes cívicos, autoridades administrativas y políticas, entre ellas la de la parlamentaria arriba mencionada, el propio Ministro de Justicia estuvo hace pocos días en esta ciudad con el objetivo de inspeccionar el terreno antes señalado, la comisión, además de los funcionarios del Minjusticia, estuvo integrada por la gobernadora y por el ya mencionado secretario del interior entre otros, y pese a la manifestada conformidad del ministro con el proyecto, antes de su retorno, la mandataria Nubia Carolina, expresó por distintos medios de comunicación que, tenía también la opción de un terreno que donaría el Consejo Comunitario del Medio Atrato Cocomacia -(Tituló Colectivo)-, declaraciones de las que la Alta Consultiva de Comunidades Negras Idalmy Minotta dijo lo siguiente: “Ahora se inventan que Cocomacia va a donar el terreno, y eso no se puede donar, tiene un título colectivo imprescriptible, inalienable e inembargable, que solo admite las ventas de las ocupaciones individuales a los miembros de la misma comunidad u otras comunidades negras; en todo caso, de ahí a que se realicen las consultas, se discutan y se emitan los conceptos, se realicen los estudios de todo tipo para definir la viabilidad del terreno para construir la nueva cárcel, no quiero ni imaginarme cuanto tiempo se desperdiciaría”.
El otro asunto, que ojalá no se nos vaya a enredar por la abultada capacidad oratoria de nuestra gobernadora, tiene que ver con el “Proyecto de Fortalecimiento y Ampliación de la Capacidad de Infraestructura del Distrito Policial de Quibdó”; el predio ofrecido tiene un área de 11.801,80 m2, cuenta con viabilidad técnica, jurídica y catastral, además de solicitud de priorización y avalúo catastral, y no con precios del mercado, como lo pregonó la gobernadora en distintos medios locales; tiene presupuesto de cofinanciación de la gobernación y de la alcaldía, pero además, está incluido en el Plan Plurianual de Inversiones y Documento Conpes 2022 (Información de oficio de la Veeduría Nacional al Presidente Petro), pero ahora resulta que, la novel gobernadora, como en el caso de la Cárcel Anayanci, aparece en medios ofreciendo dos opciones, ambas con reconocidos líos jurídicos: La 1a. Un predio ubicado donde se proyecta la construcción de escenarios deportivos como coliseo y pista de patinaje (para los frustrados Juegos Nacionales), los que fueron adquiridos supuestamente de manera irregular, y de donde surgió el lío jurídico de una exalcaldesa y de los vendedores; hoy son predios de destinación especifica, donde también se construirá un Hospital de III Nivel y un proyecto de vivienda de Interés Social, que no quedan en la vía principal y carecen de servicios públicos domiciliarios. Y la 2a. opción propuesta por la gobernadora, es una construcción y predio ubicado diagonal a la Terminal de Transportes, margen izquierda de la vía Quibdó/Atrato, bien inmueble contra el que se lleva un proceso de extinción de dominio con medida cautelar, inscrita en la matrícula inmobiliaria No. 180-7105, anotaciones 006 y 007 por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, actualmente en trámite de un Control de Legalidad impetrado por el defensor del propietario, por lo que en el hipotético caso que se resuelva en favor de este, la institución o entidad que disponga de él, podría incurrir en detrimento patrimonial; así las cosas, las opciones o alternativas propuestas por la gobernadora en uno y otro caso, antes de facilitar las cosas, lo que hacen es embolatar la posibilidad de traslado de la cárcel a las afueras de Quibdó y enredar la ampliación del Distrito de Policía, proyectos de vital importancia para el desarrollo urbanístico de la ciudad capital y la lucha contra la inseguridad y violencia que a todos afecta, como también para el mejor estar y la resocialización de la población carcelaria, tal y como lo exigen los fines de las penas.
PDTA: El 9 de Junio próximo, se llevarán a cabo las elecciones en el Municipio de Nuevo Belén de Bajirá, y no siendo mi interés picar pleitos, porque el asunto ni me va ni me viene -si Ariel va o no para “La Chibunga”-, ante las dudas por un criterio mal interpretado, informo a quienes me leen y consultan desde ese alejado territorio que, la Ordenanza que crea el municipio no se cae automáticamente, porque todos los actos administrativos se presumen legales, en este caso hasta que la justicia contenciosa no diga lo contrario, es decir, no los anule -esto aplica también para el chance y los licores-.
Atentamente,
Odín Sánchez Montes de Oca
