Dedicar en esta época, una columna que no sea para recibir el año nuevo, para hablar de las posesiones de gobernación y alcaldías, o de los respectivos gabinetes y a quienes les entregaron o no cuotas burocráticas, no sería normal; pero pecaríamos de cómplices de La Omertà (Ley del silencio de la mafia siciliana) que abraza a gran parte de la sociedad chocoana, si no levantáramos nuestra voz crítica y de rechazo al insólito hecho de la pérdida de la sentencia condenatoria contra el alcalde ya en propiedad del Municipio de El Carmen de Atrato, el liberal Jaime Arturo Herrera Maya.
Y es que sobre el comportamiento de algunos miembros de la Rama Judicial -Jueces y fiscales que prestan sus servicios en el Departamento del Chocó-, he escrito varías páginas y artículos en este medio digital, advirtiendo sobre hechos y sucesos que no dejan bien parada a la administración de la justicia en el territorio, por ejemplo: Para el 15 de Julio de 2.021, a propósito de las andanzas del ex Secretario de Educación Yosimar Mosquera, con ocasión de las imputaciones que por los presuntos delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos le hicieran a él y al Ingeniero Wilmar Lozano respectivamente, extracté de una información aparecida en la revista “Kratos” el siguiente aparte:
“… Que Yosimar Mosquera salga bien librado procesalmente de toda esta novela, en este País del Sagrado Corazón de Jesús no es una extrañeza, pero ante la opinión pública, quedará muy difícil explicar la procedencia de los recursos con los que adquirió la propiedad con la que cuenta hoy, la que presuntamente tiene un costo de un millón de dólares…” Estas palabras no son de mi cosecha, salieron de aquella revista, y hago la salvedad porque, para aquel entonces, cuando arreciaba mis críticas con tantos comentarios sobre el entonces secretario, este sostenía que yo tenía una fijación por él. Y a propósito del mencionado proceso, le he perdido de vista, no porque haya perdido interés en los temas de corrupción, sino que, empezamos a notar in crescendo que este tipo de actuaciones eran aplaudidas por un alto porcentaje de la población chocoana, particularmente en los sectores profesionales y jóvenes, hasta convertirse peligrosamente en algo cultural.
Traigo también a colación, lo que decía en Facebook hace muy pocos días, la periodista Sally Mena de Ruíz: “…Fueron muchas las denuncias y procesos que formuló la personería en cabeza de Domingo Ramos, al parecer Sánchez Valencia -refiriéndose a Martin-, supo pagar muy bien a magistrados, jueces y fiscales…” Para insistir en que pagan justos por pecadores, cuando no son todos sino algunos.
Hoy he vuelto sobre el tema de algunos sucesos en la Rama Judicial del Chocó, cuando me he enterado de 3 acciones de nulidad electoral contra la elección del señor Jaime Arturo Herrera Maya por encontrarse supuestamente condenado por el delito de Peculado por Apropiación, dentro de alguna de las investigaciones que se llevaban por hechos de corrupción en Dasalud, durante la administración de Efrén Palacios Serna, siendo el quid del asunto que, la sentencia condenatoria no aparece ni en el juzgado de origen, ni en el juzgado par, ni en el de ejecución de penas, porque como este último lo dice frente a un derecho de petición: “…no reposa en este despacho y se desconoce la suerte que pudo correr la sentencia condenatoria proferida contra dicho individuo (Sic)…”, pese a que del Consejo Superior de la Judicatura también y frente a un derecho de petición se dice que, mediante oficio 070 del 06/11 de 2.015 fue remitido el Proceso 27001600117520140000-00 por el delito de peculado contra el señor Jaime Arturo Herrera Maya y otros, para la vigilancia de la respectiva condena, titular actual a quien debe de eximírsele de responsabilidad en el ya escandaloso caso, por cuanto la fecha en que se remitió la sentencia para debida vigilancia, la titular actual del despacho, no se encontraba al frente del mismo. Pero lo único cierto es que, por los documentos que se han encontrado en archivos de Fiscalía (SPOA) y Consejo Superior de la Judicatura, se puede colegir que, existe una sentencia condenatoria y que existe un condenado debidamente individualizado, según consta en varias anotaciones o documentos que, arrimados como pruebas ante la justicia electoral del Chocó, no les quedó otra que admitir la demanda y correr traslado de la petición de suspensión provisional, para que el encartado responda sobre los hechos de tal petición, en tanto que, los documentos de los que se desprende la presunto inhabilidad, gozan de la presunción de legalidad, situación que tendrá que desvirtúala con mejores pruebas, de lo contrario tendrán que decretar la suspensión provisional del ya posesionado alcalde, mientras se falla sobre el fondo de la nulidad, anulando la elección, y como quiera que este señor no se podía inscribir por estar inhabilitado, se deberían anular los votos depositados por él, decretar nuevos escrutinios y declarar elegido a quien le haya seguido en votos en la pasada contienda electoral, tal y como sucedió en el Distrito Especial de Santa Marta, en el que se anularon los votos porque quien ganó en primera instancia, no se podía inscribir o esta fue declarada extemporánea, lo que llevó a la anulación de los votos y a dar por elegido a quien le siguió en votación.
Estamos pues, empezando el año, hablando sobre corrupción en la rama judicial del Chocó por la desaparición o pérdida de una sentencia condenatoria, supuestamente proferida contra un alcalde recién elegido y pupilo de un alto dirigente del Partido Liberal, acostumbrados a hacer lo que les venga en gana, y sin que la justicia regional opere contra ellos con la misma celeridad y severidad con que actuarían contra otros. Imagínense ustedes la escandola que se armaría, si la sentencia evaporada -para citar palabras del Veedor Darwin Lozano- fuera contra algún miembro de otro partido, nada más que estuvieran sometidos al escarnio público, o escuchando voces exigiendo imposición de medidas como la de cadena perpetua y otras del mismo tenor, o la pena capital, que en mi criterio debieran de imponérsele no solo al que pecula, sino al que diere lugar a que se desaparezcan las sentencias, o a los que cambien las intramurales por las indebidas domiciliarias a cambios de jugosas sumas, para que el candidato rojo pudiera aspirar en el caso presente, o para que otros gravemente imputados con el dedicado esfuerzo de la Fiscalía, paguen plácidamente en sus casas las penas drásticas que debieron imponérseles, o se paseen orondos por las calles de Quibdó como si nada hubiese pasado, casos en los que yo particularmente no estaría dispuesto a otorgar los 100 años de perdón a estos funcionarios que roban al ladrón, sino que igual que al ladrón, al funcionario judicial que cometa o permita este tipo de acciones debería pagarlas sin ningún tipo de consideración, también en el paredón.
PDTA: No son todos, son algunos funcionarios judiciales los que hacen quedar mal a la rama y con sus actuaciones al mismísimo Departamento del Chocó, y si no miremos que para el próximo 25 de enero del 2.024, está programada la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para elegir a sus directivos, y según los acuerdos, la presidencia del máximo órgano de la justicia ordinaria le corresponderá al Magistrado chocoano de la Sala Penal Gerson Chaverra Castro, quien desde ya se erige como uno de los más grandes hombres que haya parido nuestro departamento. ¡Honor y Gloria!
Atentamente,
Odín Sánchez Montes de Oca
