En mi entrega de la semana pasada, le dije a mis habituales lectores que, yo no hablaría más sobre el tema de los pensionados del Chocó porque, la mayoría de ellos tienen familiares que responden y reclaman por ellos, porque como parientes y herederos son sus intereses los que están en juego, tal es el caso del periodista Jhon Díaz, hijo del “Mono Díaz”, con quien juro no tener ninguna alianza o pacto para atacar a alguien, en el propósito de desactivar el concierto que parece existe o existió entre algunos litigantes, jueces y funcionarios de la gobernación, con el objetivo de robarle a los pensionados, porque, desde el principio, mi tarea no ha sido otra que, la de demostrar que el Abogado Omar Francisco Vidal Rojas, no podía ser nombrado ni posesionado como Secretario del Interior de la Gobernación del Chocó, por pesar sobre él un impedimento, violando con su actuar el artículo 29 de la ley 1123 de 2008, que habla sobre las incompatibilidades para ejercer la profesión, situación que se agrava y abulta cada que sale a los medios a decir que es el forjador de la Acción de Grupo, que él actúa en causa propia -como si fuera pensionado-, y que distribuyó algunos emolumentos que adeudaba a sus clientes en un local del Aeropuerto, situación que no se compadece con el rótulo de inteligente con que lo viene señalando la galería.
Yo dudo que, mis lectores y los chocoanos en general, de quienes, cronistas decían que habían aprendido a leer en el Código Civil y a escribir en papel sellado, para resaltar nuestra inclinación por la disciplina del derecho o abogacía y haciendo honor a tinterillos o buenos tramitadores como “Chucho Culo e’ Pato” o “Chucho Moldón” –oh tempora, oh mores-, se dejen meter tan forzadamente el dedo en la boca por el encartado Secretario del Interior, y mucho menos que justifique el hecho notorio de estar impedido, diciendo que es una persecución política, o afirmando que él actúa en causa propia, como si el fuera pensionado, o como que quien actúa en causa propia, pudiera sustituir poder, como lo ha hecho él en cabeza del abogado Juan Fernando Valdez Tipton; y tampoco creo que la gobernadora, egresada y especialista del Externado de Colombia, le copie a las explicaciones de su subalterno y por caprichos políticos deje de aplicar las normas sobre el Régimen de Inhabilidades porque “Pacho Bueno” -para diferenciarlo del “Pacho Malo” de la Mancera-, no se ha desvinculado completamente del mandato que le otorgaron los pensionados del departamento, entre ellos el Mayor Rogerio Fulton Velásquez Echeverry, y de la Coordinación de Abogados que le otorgara el Tribunal Contencioso Administrativo, pues simplemente, se lo ha revocado a César Gómez Murillo, reasume y luego sustituye al Dr. Juan Fernando Valdez Tipton, todo esto hasta el 24 de enero del presente año, fecha en la que actuaba -y aún lo hace- como Secretario del Interior. ¡Asunto allá! luego no digan que es persecución política o que no se deja gobernar.
Y es que, el asunto no se arregla solo con una renuncia de “Pacho Bueno”, porque es menester y para que les quede claro lo que hoy les señalo, leer la ley 472 de 1998 que regula las Acciones de Grupo, la sentencia 094 de 28 de junio del Juzgado 5o. Administrativo del Circuito de Quibdó, y la 023 del 27 de enero de 2017 del Tribunal Contencioso Administrativo, sus partes resolutivas, y las actuaciones en el Proceso Ejecutivo 2700-13333001-2009-36700, auto del 24 de enero del presente año, para que se den cuenta que, ninguno de los abogados de los pensionados estaban facultados para iniciar acción ejecutiva contra el departamento -cobrar ejecutivamente esos recursos- porque, ni la ley 472 del 98, ni las sentencias citadas se los permiten o se los indican, pues lo que en ellas reza es que, una vez ejecutoriada la liquidación de la condena, dentro de los 10 días siguientes, los recursos deben ser girados por la entidad condenada, en este caso particular el departamento, al Fondo Para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos administrado por la Defensoría del Pueblo, órdenes que no se han cumplido, o no se cumplieron, y que han dado lugar al Concierto que deberán establecer las autoridades competentes, pues ellas dieron lugar a embargos, a firmas de acuerdos de pago -como cosa rara- en el gobierno de “Domingo”, y a “tumbe que te tumbo” en la distribución de esos recursos, porque César Gómez, quien ostentaba el poder principal en ese entonces, no le dio lo suyo a los otros, ni a los clientes de estos, creo que ni a “Pachito” Vidal; allí un problema que se puede subsanar, porque con las presuntas conductas de peculado, prevaricato y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades tendrán que responder ante el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, Procuraduría, Fiscalía y/o Rama Judicial, porque eso de hacer este tipo de denuncias por estos medios resulta casi que estéril, contribuyendo a la construcción de la frase: “Beeee…, ahí no pasa nada”, por la decidía compartida de autoridades y ciudadanía.
Pero en esta ocasión, no me quedaré aquí en esta columna y solo en mis lectores, pues hace un momento acudí a las direcciones electrónicas de “Las ias” -excepto Contraloría-, para que se investigue a los personajes que actuaron en este monumental concierto y se impongan las sanciones a que haya lugar, compulsen copias si hubieren aforados involucrados en este asunto; advirtiendo que, como soy el autor de Quejas y Denuncias, estaré vigilante de las mismas, porque pueda que se pierdan las sentencias, no profieran medidas de aseguramiento intramurales habiendo motivos, concedan domiciliarias sin merecerlo; pero a mí en esta, no me bailarán el indio.
PDTA: “De Guatemala a Guatepeor”, es lo que uno lee en los grupos de WhatsApp y escucha en los mentideros políticos; en la peluquería de los Bojayaseños entre la 1a y 2ª, cerca al 5 piso no hay movimiento, no se ven las mínimas como cuando Ariel, y en la segunda reivindican a Jhon Jairo y “Al señor de los Platillos”, así ande disfrutando por Nuquí. Y no es por envidia que crítico, es lo que andan diciendo por ahí.
Atentamente,
Odín Sánchez Montes de Oca
