Ahora que estuve en Condoto, pasando largas horas en la Playa de la Esperanza y en el charco de Correntón. Me dio vueltas la cabeza cuando en una feria agropecuaria demostrativa, un líder de un consejo comunitario dijo que su consejo era una empresa privada.
Ay Dios! me acordé de aquellos tiempos cuando con Fundamojarras, recién desempacado de la Universidad Nacional, avanzamos en la titulación colectiva de la parte media de la Cuenca del rio San Juan, en el Chocó.
Hoy son más de 6 millones de hectáreas tituladas para las comunidades negras. Y el objetivo es que dichas comunidades sean dueñas de sus tierras y puedan vivir bien o sabroso sin que tengan que aguaitarse.
La ley 70 es una de las reformas agrarias más progresistas en América Latina. Su decreto 1745 de 1993 reglamentario del capítulo III les da a los consejos comunitarios el mandato de ejercer el gobierno comunitario y generar etnodesarrollo a sus comunidades.
Una vez que el Estado da el mandato a los consejos comunitarios, les asigna tres responsabilidades: 1) Ordenar el territorio, es decir definir qué es de quien, demarcando las tierras de las familias, de las comunidades y de respaldo o colectivas de todos. 2) Un Plan de Manejo Ambiental para zonificar el territorio de acuerdo con la vocación: minera ambiental, de pesca, de siembras, turísticas, patrimoniales, de infraestructura, 3) Un plan de etnodesarrollo, es decir una propuesta de cómo sacar a la gente de la pobreza.
El trabajo de los consejos comunitarios, que no son EMPRESAS PRIVADAS, se complementa con los decretos reglamentarios del capítulo IV (recursos naturales), V (recursos mineros), VI (identidad cultural). Fata reglamentar el capítulo VII (desarrollo socioeconómico)
Pero sabemos que los consejos comunitarios actuales están lejos y muy lejos de su mandato. Al menos en la subregión del San Juan en el Chocó se puede demostrar cómo los consejos comunitarios andan en otra cosa.
Urgen una reforma al Decreto 1745 de 1995, para obligar a los consejos comunitarios cumplir con su objetivo: resguardar los territorios ancestrales de nuestros abuelos como un patrimonio para los renacientes.
Los consejos comunitarios, al menos en la subregión del San Juan, con excepciones, tienen un problema de gobernabilidad de los territorios ancestrales.
La pregunta es: ¿Están los Consejos Comunitarios en defensa del territorio? Para responder este sencillo planteamiento primero hay que recordar la definición de Territorio que aprendí hace muchas lunas atrás en los talleres del PCN en San Cipriano, Buenaventura: el territorio es el espacio para la vida con dignidad.
Pero hoy en día, con el apetito voraz del capitalismo, parecería que tener seguridad jurídica sobre los territorios y propiedad sobre la tierra les trae a las comunidades es problema. Pues un diagnóstico, al menos de las tierras colectivas de la subregión del San Juan en el Chocó, muestra que los consejos comunitarios no tienen gobernabilidad, éstos están siendo manejados como empresas privadas, al servicio de unos pocos y nada para la comunidad.
Muchos consejos comunitarios están siendo cooptados por los partidos políticos. Algunos representantes legales usan los consejos comunitarios para hacer campaña a las alcaldías, y algunos alcaldes buscan cooptar a los consejos comunitarios para tener más concentración de poder.
Por su parte las empresas privadas mineras y forestales, nacionales y transnacionales, compran a (algunos) lideres comunitarios. Además, algunas agencias ambientales autónomas corrompen la institucionalidad de los consejos comunitarios.
Entonces la gente campesina, dueña ancestral de sus tierras, se pregunta: ¿Y para que los consejos comunitarios si lo que sucede es que ciertos lideres se llenan los bolsillos y están al servicio de los intereses foráneos?
Por ello, considero que en Colombia debemos aprovechar esta coyuntura de gobierno del Cambio y hacer una propuesta profunda de revisión y reforma al decreto 1745 de 1995 de tal manera que los consejos comunitarios cumplan sus funciones de gobernar comunitariamente, de ordenar el territorio, tener planes de manejo ambiental, garantizar y respetar la posesión ancestral de las familias sobre sus tierras y promover planes de etnodesarrollo para superar las desigualdades, la pobreza y trabajar duro para que las comunidades vivan sabroso, al menos como lo intentaba mi abuela cuando me llevaba a la mina a trabajar en el canchereo.
