En el noroccidente de Colombia, entre las aguas del Pacífico y las selvas del Darién, se encuentra el Chocó, un departamento que parece condenado a cargar sobre sus espaldas el peso de la injusticia; Mientras el país avanza en discursos de paz y equidad, sus habitantes enfrentan una realidad distópica: un territorio rico en biodiversidad y cultura, pero devastado por décadas de desidia estatal, corrupción desenfrenada y violencia crónica.
Hoy, bajo el yugo de un nuevo paro armado decretado por el ELN, el Chocó clama al gobierno nacional una atención que históricamente le ha sido negada.
El Chocó no llegó a esta crisis de la noche a la mañana, por más de medio siglo, sus comunidades afrodescendientes e indígenas han sobrevivido al olvido sistemático, las promesas de desarrollo se ahogaron en ríos de corrupción, mientras las élites políticas locales, que se pasean en lujosas camionetas blindadas, convirtieron los recursos públicos en botín, la infraestructura es un espejismo: carreteras destrozadas, servicios públicos intermitentes y escuelas sin condiciones dignas reflejan la indiferencia de un Estado ausente.
A esto se suma su estratégica ubicación geográfica, codiciada por grupos armados que disputan el control de corredores narcotraficantes hacia Estados Unidos y Europa. La violencia, que lleva décadas desplazando a miles, hoy se recrudece con el confinamiento de comunidades en la cuenca media del Río San Juan, donde los que se quedan resisten entre la amenaza de las balas y la lucha por proteger lo poco que les queda.
El sistema de salud en el Chocó es un enfermo terminal. Hospitales sin insumos, pacientes que mueren por falta de atención y médicos sin pago definen el panorama, la educación no escapa a este colapso: aulas sin recursos y profesores que no asisten a las comunidades a enseñar contrastan con el saqueo a la Universidad Tecnológica del Chocó, institución convertida en botín de políticos durante más de 20 años, hoy al borde del colapso financiero y académico gracias a una espesa columna de humo con olor nauseabundo que sale desde el bloque administrativo del Alma Mater y abraza a su paso otras instituciones y algunas mansiones de gente “respetable “ que se ha enriquecido con los recursos de la educación de los jóvenes.
Mientras tanto, el ELN aprovecha el vacío estatal. Su último “paro armado” no solo paraliza la economía local, sino que profundiza el miedo. Las comunidades, atrapadas entre el fuego cruzado y el silencio de Bogotá, ven cómo se repite el guion de siempre: desplazamiento, confinamiento y miseria.
Frente a este infierno, dos figuras insisten en romper el silencio. El representante a la Cámara por la curul de Paz, James Mosquera Torres, ha llevado al Congreso el grito de auxilio del Chocó, exigiendo que el departamento sea incluido en el Estado de Conmoción Interior decretado para el Catatumbo, como también se lo exigió al presidente Petro en una extensa y emotiva carta; Su lucha se une con la de la Gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien ante la Secretaría General de la OEA expuso la crisis humanitaria y demandó acciones concretas, también ha gritado ante el Gobierno Nacional la urgencia de la inclusión del Chocó en esta medida especial; Todo indica que el Gobierno Nacional no los ha escuchado.
El presidente Gustavo Petro, quien prometió ser la voz de los olvidados, parece sordo ante sus reclamos. Mientras el Catatumbo recibe atención especial, el Chocó sigue esperando un gesto de solidaridad que no llega.
¡Que hable el pueblo!.
Ante la inacción, surge una pregunta incómoda: si Petro insiste en que “el pueblo es el que manda”, ¿dónde está la respuesta a su clamor? Las calles del Chocó, históricamente marchitadas por el miedo, podrían convertirse en el escenario de un *m paro cívico masivo, un grito colectivo que exija inversión social, seguridad y el fin de la guerra absurda que los devora.
El Chocó no merece ser el eterno “más de malas” de Colombia. Su gente, resiliente y orgullosa, merece ver cómo la riqueza de sus tierras se transforma en oportunidades, no en sangre. La solución no está en manos de los fusiles, sino en la voluntad política y en la fuerza de un pueblo que, unido, puede escribir un nuevo capítulo.
La consigna es clara: opacar el “¡Viva el paro armado!” con un “¡Viva el paro cívico!”. Que la movilización pacífica, no las armas, sea el camino para que el gobierno nacional recuerde que el Chocó existe y resiste.
