I FORO SOBRE PLANEACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIO:Un diálogo de saberes sobre el Río Atrato como Sujeto de Derechos

El I Foro Sobre Planeación, Gestión Ambiental y Territorio – Un diálogo de saberes sobre el Río Atrato como Sujeto de Derechos, se configuró como un espacio de disertaciones que facilitó la comprensión del Río Atrato como sujeto de derechos, a la luz de la Sentencia T-622 de 2016, las voces de los actores involucrados (accionantes y accionados), enmarcado por los referentes teóricos ofrecidos en el módulo de Planeación y Gestión Ambiental del Territorio, ofertado por el programa de Doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, bajo la orientación de los doctores Juan Carlos Marín Sánchez y Carlos Humberto González Escobar.

El foro se dividió en dos momentos con el propósito de garantizar un escenario de confianza, donde los panelistas -a través de su voz- llevaron consigo los sentires de quienes representaban. En el primer momento (jornada de la mañana) se contó con la participación de los delegados de instituciones como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación del Chocó, Corporación Autónoma Regional del Chocó, y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP). En el segundo momento (jornada de la tarde) se presenció el diálogo entre los representantes de las organizaciones de la sociedad civil: Federación de Mineros del Chocó, Asociación de Pescadores Artesanales del Atrato y el Consejo Comunitario Mayor y de Organizaciones de la Cuenca del Atrato.

Cada una de las sesiones inició con una contextualización, por parte del IIAP,  que permitió establecer elementos específicos de diálogo, a través de un análisis de la sentencia expresada en los antecedentes que dieron su origen, las ordenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, y las cinco líneas temáticas que enfatizan en la planificación y ordenamiento del territorio, el mejoramiento de la calidad de vida a través de la producción tradicional con una perspectiva sostenible, la gestión del conocimiento y la gobernanza del territorio.

Del diálogo sostenido entre instituciones emergieron elementos clave que permiten comprenden la dinámica actual de éstas (las instituciones) en relación con el cumplimiento de las órdenes emitidas dicha sentencia; en otros aspectos resaltan:

El director del IIAP William klinger rindió informe al igual que Codechoco sobre los avances en cumplimiento de la sentencia.

El desarrollo de ejercicios de planeación bajo una visión transformadora y participativa, en el reconocimiento bidireccionado entre instituciones y comunidades, bajo un disciplinado ejercicio de escucha y de valoración de conocimientos; encuentros que permiten el rescate de los orígenes de los pueblos, sus expresiones culturales y sus prácticas tradicionales.

Por otro lado, se discute sobre las dificultades evidenciadas -por parte de las instituciones- en la apropiación de instrumentos y herramientas dispuestas para dar cumplimiento a las órdenes de la Sentencia T-622 de 2016.

En este mismo espacio, se cuestionó la incipiente presencia del Estado para hacer frente a problemáticas de la región (que afectan de manera directa el cumplimiento de las órdenes) tales como inseguridad ligada al accionar de grupos armados, falta de control en la explotación informal de recursos forestales y de fauna, la falta de asistencia en salud y educación que exigen la revisión y ajuste de políticas públicas asociadas a cada uno de estos aspectos; y que dé respuesta al compromiso de las comunidades que en un ejercicio de empoderamiento acuden de manera masiva y cualificada a la defensa del río Atrato.

En la jornada de la tarde destacaron elementos claves de diálogo que resaltaron los siguientes aspectos:

La falta de planes de coordinación interinstitucional y entre instituciones con comunidades, que en el reconocimiento real de los planes de vida -de las comunidades asentadas en la cuenca del río Atrato- trascienda el enfoque estrictamente técnico hasta ahora priorizado.

Por otro lado, se hace reconocimiento a la importancia que tiene el involucramiento de la academia en la implementación de la Sentencia T-622 de 2016, y la necesidad de un mayor compromiso por parte de ésta (la academia) con planes robustos de pedagogía y etnopedagogía, hoy desarrollados de manera tímida e insuficiente, en escenarios rurales y urbanos.

Las acciones desarrolladas hasta el momento por parte de la institucionalidad han sido dispersas y escasas, pues responden de manera puntual a elementos de la sentencia, pero no trascienden a otros planos para la garantía de los derechos bioculturales de las comunidades asentadas a orillas del río Atrato.

La planeación y ordenamiento del territorio refleja los intereses del Estado a nivel central y desconoce los anhelos y preocupaciones de las comunidades afro e indígenas, que tienen una mirada optimista en la sentencia T-622 de 2016.

La situación de emergencia a consecuencia de la pandemia por COVID19 representó un enfriamiento en el cumplimiento de las órdenes, atrasos en las acciones y retroceso en los escasos avances logrados; además, evidenció que siguen siendo vulnerados los derechos fundamentales de los habitantes de la cuenca del río Atrato, los derechos del Río mismo, y la ausencia de los órganos de control y supervisión asignados como garantes en el cumplimiento de las órdenes. En este sentido, es necesario un observatorio que involucre de lleno a la sociedad civil en el seguimiento al cumplimiento de cada una de las órdenes dadas, en la mencionada Sentencia.

Las comunidades tienen claro que el crecimiento poblacional y la actual concepción del desarrollo trae consigo una mayor demanda de recursos de los ecosistemas naturales, ello exige que las prácticas tradicionales de producción cuenten con el respaldo institucional y financiero, que les permita ser competitivos y que genere recursos para solventar las necesidades básicas.

A la par, problemas frecuentes como la corrupción, la violencia y la explotación forestal generan dificultades para la pervivencia de las comunidades y la implementación de las ordenes de la sentencia.

Finalmente, y como apreciaciones generales del evento se pudo identificar que:

  1.  Aun cuando existen diferencia entre las apreciaciones sobre el grado real de participación y reconocimiento de las comunidades, en el ejercicio de planificación, hay una mirada de esperanza compartida, de un escenario ideal condicionado al cumplimiento efectivo de cada una de las órdenes emitida en la sentencia.
  2. Por razones varias, existe un atraso en los ejercicios de planeación y ejecución que favorezca el restablecimiento de los derechos bioculturales; sin embargo, se identifican avances en el desarrollo de acciones específicas en el cumplimiento de algunas las órdenes emanadas de la sentencia.
  3. Después de 6 años, no se ha adelantado un ejercicio reflexivo y concreto en el rediseño de políticas públicas que articulen los elementos de la sentencia y favorezca el cumplimiento de las órdenes.
  4. Se identificó mayor empoderamiento en las comunidades que se movilizan de manera masiva y en iniciativas de educación popular fortalecen sus conocimientos -desde saberes ancestrales- para implementar la implantación de la sentencia.
  5. Existe un reclamo conjunto -por parte de instituciones y comunidades- de mayor autonomía en la consolidación de una visión de desarrollo bajo perspectiva de región; y no el cumplimiento obligado de un modelo impuesto desde el nivel central.
  6. Es necesario que todos los colombianos nos involucremos en la comprensión de las realidades que giran en torno a una región tan diversa como el chocó biogeográfico, que permita generar conciencia que todos somos uno y que somo una nación que se construye en torno al agua.

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