Ciudadanía presiona a Min Salud por la Ley Comida Chatarra

Ley Comida Chatarra

Ciudadanía presiona a Min Salud por la Ley Comida Chatarra

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2021. A partir del 17 de noviembre de 2021, los colombianos pueden ingresar a la plataforma Entre Todos de Red PaPaz y enviarle un correo electrónico al Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, para pedirle que lidere, con rigor científico y agilidad, la reglamentación de la #LeyComidaChatarra, la cual, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso de la República el pasado mes de junio y promulgada el 30 de julio en el Diario Oficial como la Ley 2120 de 2021,  a la fecha todavía no ha sido reglamentada.

Ejemplo de Comida Chatarra

Esta ley marca un hito importante en políticas de salud, pues su enfoque se centra en la garantía de entornos saludables para proteger el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas a través de la adopción de medidas efectivas, como en este caso, el etiquetado frontal de advertencia. Sin embargo, para que esta medida sea implementada, la ley exige a MinSalud que, en un periodo no mayor a 12 meses después de la sanción presidencial, expida una reglamentación aplicable a todos los productos comestibles o bebibles clasificados de acuerdo con el nivel de procesamiento, en la cual:

·         Dé información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente sobre sus componentes, es decir, no solo sobre los nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas, sino también sobre otros componentes de preocupación en salud pública, como los edulcorantes

·         Adopte un etiquetado de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, y con mensajes inequívocos

·         Defina la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, colores, tamaño y ubicación de los sellos, basándose en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflictos de interés

·         Establezca puntos de cortes o valores máximos de azúcares, sodio o grasas saturadas basándose en la mayor evidencia científica disponible libre de conflictos de interés, incluida la evidencia suministrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

De esta forma, la ciudadanía rechaza el Pacto suscrito entre Presidencia de la República, MinSalud y la industria de comestibles y bebibles ultraprocesados, la cual llevó a la expedición de la Resolución 810 de 2021 que establece pautas de etiquetado, pero sin cumplir con lo establecido por la ley 2120 de 2021 y los criterios técnicos que esta exige.

Este tipo de medidas en salud pública son necesarias en países como Colombia en donde 3 de cada 4 estudiantes consumen bebidas azucaradas una o más veces al día y cuando se sabe que el consumo habitual de productos con exceso de azúcares, sodio o grasas saturadas aumentan el riesgo de que en el futuro niñas, niños y adolescentes padezcan obesidad u otras enfermedades graves. Adicionalmente, la OCDE reveló que las niñas y niños con un peso excesivo obtienen peores resultados escolares, se ausentan más de las aulas escolares, el riesgo de que sufran acoso escolar se triplica y, al crecer, sus posibilidades de conseguir una titulación universitaria son menores

Para Angélica María Claro, asesora de Red PaPaz para la promoción de la alimentación saludable, a pesar de la oposición de la industria, academia y sociedad civil lograron que el Congreso diera un paso importante para proteger el derecho a la alimentación de la niñez y adolescencia, y gracias a eso el MinSalud tiene cómo sacar una reglamentación óptima, por lo que no puede seguir perdiendo tiempo.

Para Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, los ciudadanos debemos seguir cuidando el logro de la #LeyComidaChatarra pues aún no hay reglamentación y se puede embolatar o desvirtuar. Está en manos del Ministro de Salud sacarla adelante acorde con lo que dice nuestra Ley.

Sobre Red PaPaz

La Corporación Colombiana de Padres y Madres –Red PaPaz- es una entidad que nace en el 2003 cuyo propósito superior es abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia y América Latina, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. A octubre de 2021 contamos con 537 instituciones educativas afiliadas en 20 departamentos.

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