EL CARMEN DE ATRATO Y LOS ESTRAGOS DE LA MINERÍA Por : Francisco L. Valderrama A.

Mina El Roble

la concesión Mina El Roble que desde 2013 pertenece al consorcio ATICO MINING CORPORATION, propiedad en 90% de la familia Ganoza de origen peruano y otros accionistas y el 10% restante de la familia Gaviria de Medellín,

Este artìculo publicado en el 2019, cobra actual vigencia frente a los cuestionamientos por las afectaciones ambientales que origina la explotaciòn de la mina de cobre en el Carmen de Atrato y las denuncias e investigaciones por posible evasiòn fiscal,que originaron la citaciòn por parte de la parlamentaria chocoana Astrid Sanchez M a un debate de control polìtico al Ministro de Minas y al director de la Agencia Nacional Minera, para que le respondan al paìs,sobre esta situaciòn,maxime cuando la empresa se apresta a renovar el contrato de explotación con el gobierno .

Al igual que ocurre en casi todo el país, los municipios del suroeste antioqueño vienen librando una denodada lucha para impedir la minería intensiva en sus territorios.


El Carmen de Atrato (Choco), por su cercanía con la región y por compartir muchas de sus características, constituye un buen ejemplo de las consecuencias indeseables de esa actividad.


Durante cerca de cuarenta y cinco años se ha explotado mineral de cobre, con alta ley de oro y plata, en la concesión Mina El Roble que desde 2013 pertenece al consorcio ATICO MINING CORPORATION, propiedad en 90% de la familia Ganoza de origen peruano y otros accionistas y el 10% restante de la familia Gaviria de Medellín, dueña del diario El Mundo y pequeños accionistas.

Aspecto exterior de la mina


La sociedad tiene sede en Vancouver y cotiza sus acciones en la bolsa de Canadá. Los nuevos propietarios duplicaron la producción de concentrados con consecuencias devastadoras para la municipalidad: calles destrozadas por el flujo de vehículos pesados; deterioro de viviendas; daños en las redes de servicios públicos; contaminación ambiental y auditiva; grave afectación del rio Atrato y otras fuentes hídricas por utilización de espumantes, colectores
químicos y otros insumos industriales; problemas de salud; desacato de las normas municipales; interrupción del tráfico municipal, subordinado a las necesidad de cargue y transporte del material de la explotación; construcciones sin licencia; desmejoramiento de condiciones laborales de operarios oriundos de la región, sometidos a jornadas extenuantes, humillados y discriminados en su propia tierra e irrespetados en sus patrones culturales y familiares con normas y horarios que solo consultan la productividad de la multinacional.


En el año 2013 fue ordenado el cierre temporal de la mina por contaminar el Rio Atrato, declarado sujeto de derechos por la Corte Constitucional. No se conocen nuevos episodios de esta índole pero cabe la duda de que puedan haber ocurrido, toda vez que la “vigilancia” institucional corre a cargo de CODECHOCÓ, manera eufemística de decir que no existe control.


No obstante ser la única mina de cobre en Colombia, el consorcio no paga regalías por este concepto. Una astuta clausula convenida a espaldas de la comunidad estipuló que solo se pagarían si la producción superaba las 100.000 toneladas año. Hábilmente la empresa interpreta la palabra producción como Concentrado ya procesado y no como mineral en boca de mina, como debe ser. Para que se entienda el concepto, 290 mil toneladas de mineral explotado produjeron 45 mil toneladas de Concentrados. Es tan evidente la artimaña que la Agencia Nacional de Minería
(entidad estatal) tiene demandado a Minera El Roble S.A. ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera.

Material extraido para su procesamiento y exportaciòn.


Otra clausula aseguró el no pago de impuesto de industria y comercio en favor del municipio, si la transformación y/o separación de los minerales, como ocurre en este caso, se hace en el exterior.

La concesión se renegociará en el 2020 y es una obligación ineludible de la institucionalidad municipal vigilar, bien para impedir su ampliación, en caso que los dueños continúen burlando la responsabilidad social empresarial con las comunidades asentadas en el lugar de donde extraen sus riquezas naturales, o bien para remover estas cláusulas leoninas que lesionan el patrimonio colectivo y la soberanía nacional.


La misión de ATICO MINING CORPORATION habla de crear un valor sostenible para accionistas, empleados y comunidades y del compromiso con la seguridad y responsabilidad social y ambiental. Si bien el beneficio colectivo parecería hacer parte de la misión, en realidad se limita a minucias intrascendentes y favores personales. De manera que su cumplimiento se agota en satisfacer las utilidades de los accionistas. No es con dádivas y donaciones menores como se salda la deuda social y ambiental que se contrae con la comunidad.


El rompimiento de sendas PRESAS DE RELAVE (depósitos de desechos de procesos mineros) en Brasil, estado de Mina Gerais, en noviembre de 2015, en el PEOR desastre ambiental de su historia, y en enero de 2019, con pérdida de más de 300 vidas humanas y cientos de desaparecidos, prefigura lo que podría pasar en El Carmen de Atrato. Aguas arriba del rio Atrato se han construido cuatro de esos depósitos que no solo alteran de manera dramática el entorno sino
que son una espada de Damocles que pende sobre la comunidad carmeleña. La última de ellas, la más grande y de mayor capacidad, ubicada frente y sobre el pueblo, genera constante preocupación a la ciudadanía que diariamente sufre el impacto visual y ve crecer la potencial amenaza que entraña el realce continuo de la presa.


En cualquier proyecto existen pólizas para asegurar la estabilidad de las obras y la sostenibilidad ambiental. Por supuesto es importante prevenir perjuicios a los dueños, pero más importante aún es la obligación ética de proteger a la comunidad, sus vidas, su patrimonio y su medio ambiente. Si los diseños de esas presas son correctos, con refuerzos estructurales y cumplimiento de normas sismo resistentes y si las obras están bien construidas, las compañías aseguradoras no tendrían objeciones para expedir pólizas que cubran también perjuicios colectivos. Esa debería ser una EXIGENCIA PERENTORIA de la ciudadanía a la multinacional.


El control sobre la actividad minera en El Carmen de Atrato y en general en el país, es prácticamente inexistente. Lo que hay es una nociva combinación de nula fiscalización estatal,lentitud judicial, poca participación ciudadana y afán desmedido de lucro de unos pocos,enmascarada en una rabulesca hábil que plasma en el papel compromisos que no se satisfacen en la práctica. Ser vigilado por ese nido de burocracia inútil (por decir lo menos y no entrar en otras
honduras) que es CODECHOCO, no pasa de ser un mal chiste. La triste realidad es que el concentrado extraído en la mina El Roble se produce y exporta sin mayores controles del estado colombiano.

Mas de tres kilometros de recorrido lleva ya el tunel principal en su perforaciòn en el corazon de la montaña


Poseer recursos naturales debería ser una bendición y no un infortunio. Un simple dato: en la actualidad El Roble procesa del orden de 800 toneladas de material por día y su capacidad de procesamiento instalada es de 1200 toneladas día. Si el material que se exporta es un concentrado de 22%, al pueblo le quedan 620 toneladas de desechos por día, sumados a insumos químicos e industriales utilizados en el proceso. Más de 200.000 toneladas de basura industrial en un año o más de un millón de toneladas en cinco años, depositadas en las presas mencionadas. Cien mil
volquetas de 10 toneladas, para dar una idea aproximada de la magnitud y peligro de los desechos.


Para hacer más desolador el panorama, la multinacional tiene licenciadas del orden de 10000 hectáreas en el municipio, con recursos de 1.5 millones de toneladas de mineral con 5% en cobre y 4 gramos de oro por tonelada de material en boca de mina. Dicho de otra manera, por cada tonelada de concentrado de ese tenor habrá que extraer 20 de la mina. A cambio de migajas, el pueblo será el depósito de 30 millones de toneladas de basura, equivalentes a tres millones (3.000.000) de volquetas cargadas, para seguir con la misma comparación.


Pero la peor amenaza no es TODAVÍA visible. Seguramente por razones económicas dada la cercanía con la mina, basuras y residuos de la explotación, muchos de ellos tóxicos, se han depositado en las goteras del pueblo, aguas arriba del rio Atrato. ¿Si hasta el momento, para un millón de toneladas de desechos, se han construido cuatro presas, cuantas más serán necesarias para 30 millones provenientes de los recursos no extraídos? ¿Dónde se van a depositar? ¿Acaso la viabilidad del proyecto se soporta en disponer de ellos casi en el propio pueblo?


Si la respuesta es afirmativa, lo que tenemos es enriquecimiento de los dueños a cambio de la destrucción del entorno de otros. Y si es así, no queremos ese tipo de minería. La riqueza no es inocente de la pobreza decía alguien. Cumplan la misión que sus cartillas predican o váyanse a otra parte señores dueños. El Carmen se resentirá por el empleo que se puede malograr pero de las crisis surgen grandes oportunidades: Redefinir el modelo de desarrollo, retomar la vocaciónagrícola, estimular la actividad turística. Las futuras generaciones lo agradecerán.


Dos cosas deberían ser claras respecto al Carmen de Atrato. Si eventualmente ya no hay reversa posible en la mina El Roble, opondremos toda la resistencia a nuevas concesiones. Y si los dueñosinsisten en una explotación que vulnere derechos sociales y ambientales, el paro que hoy realizan los trabajadores lo adelantará la sociedad entera. No abusen de su situación de poder. No siempre la comunidad será silenciosa, no siempre las autoridades serán complacientes.
Como bien lo dijo la MESA AMBIENTAL Y SOCIAL del Carmen de Atrato: “No es posible hablar de organizaciones exitosas si no es exitoso el entorno donde se ejerce la actividad empresarial. Ese entorno se materializa en tres aspectos fundamentales, tan importantes como las utilidades de la compañía: respeto absoluto por el medio ambiente, condiciones laborales dignas para sus trabajadores y retribución efectiva para la comunidad, dueña última de las riquezas que se extraen”. Todavía tienen tiempo de replantear su comportamiento empresarial señores dueños.
Todavía es posible una convivencia armónica con la comunidad.

La mina el principal empleador del pueblo, pero tambien el pricipal depredador de sus recursos


No es deseable la actividad minera en municipios de otra vocación. Pero si poderes lejanos e insensatos la imponen, si se violenta el mandato constitucional que consagra la autonomía territorial y ordena la participación de la comunidad en la formulación de su modelo de desarrollo, lo procedente es mantener viva la lucha. Más temprano que tarde la legislación tendrá que acatar las decisiones colectivas de los pueblos y plasmar en normas su voluntad soberana. Ojalá entonces quede algo por salvar!

El Carmen de Atrato es hoy rehén del empleo generado por una explotación minera que destruye el entorno donde vivirán hijos y nietos. Pírrico beneficio temporal a cambio del SAQUEO IRREPARABLE de recursos naturales para llenar los bolsillos de la multinacional.


De otro lado, aceptar apoyo de concesiones mineras en procesos electorales constituye una repulsiva manera de asegurar pasividad institucional o incluso de cogobernar con las autoridades que resulten elegidas en virtud del apoyo recibido.Los pueblos no pueden cometer el error de elegir fichas serviles de los dueños de las minas. Permitir semejante aberración es tanto como escoger al verdugo que fijará fecha de caducidad al paraíso que la naturaleza nos regaló.


Una acotación final: Si donde se dice minería se lee Fracking, lo escrito sigue vigente. No son actividades amigables, como tampoco hay bombardeos humanitarios ni violaciones afectuosas

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