Del “Bochinche” a las Realidades: Puerto de Tribugá. Por:José Manuel Perea

Debo empezar esta columna, manifestando mi profunda admiración al doctor Darío Prado y su familia, diciendo además, que mis afinidades y afectos por sus hijos son mayores a cualquier discusión desde lo técnico sobre el Puerto de Aguas Profundas de Tribugá. Pero me siento en la responsabilidad de exponer mi punto de vista frente un proyecto, que amenaza el modelo afrocolombiano del “vivir sabroso”, como una categoría de bienestar de las comunidades asentadas en el Golfo de Tribugá, ratificada con la estrategia de comanejo presentada y aprobada por Codechocó en 2014, de la declaratoria del “Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes”, institución que engrandeció en su gestión el doctor Prado Misas en su paso por ésta. No obstante, esto me hace preguntar: ¿Es más importante los intereses de unos pocos que el de la misma comunidad nuquiseña, que cohabita con la naturaleza, promueve el ecoturismo comunitario, dinamiza procesos de pesca responsable y fundamenta su accionar con su relación espacial y sentipensante con su territorio?
El Puerto de Tribugá, no solo se puede establecer como un proyecto de desarrollo que traerá beneficios al Chocó, pues es una quimera pensar que éste es de los chocoanos y para los chocoanos, entendiendo que la Sociedad Arquímedes S.A., promotora del puerto, en su mayoría tiene una participación accionaria de empresarios e instituciones del Eje Cafetero y Antioquia, porque sólo el 12% pertenecen al Departamento, las alcaldías de Nuquí y Quibdó, la Cámara de Comercio del Chocó, así como algunos empresarios locales. Lo que deja entender que quienes finalmente tomarán las decisiones para y por los chocoanos respecto a esta mega-obra serán los foráneos, sin contar que quien se haga al con el Puerto tendrá casi el control absoluto.
Por otro lado, los disturbios generados por la implementación, construcción y obras complementarías, generaría a nivel ambiental un ecocidio sin precedentes, pues aunque se dice que solo es intervendrán 300 de las 1223 hectáreas del manglar, este correspondería únicamente a la primera fase del mismos, entonces no podríamos asegurar cual sería el daño en futuros proceso de ampliación. Igualmente se vería amenazada la llegada de especies migratorias de aves, mamíferos de gran tamaño como la ballena yubarta, entre otras especies que transitan o permanecen en esta zona, y que adornan la biodiversidad de este paraíso. Sin dejar de contar, que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ha dejado claro que hasta el momento no se ha presentado el diagnóstico ambiental de alternativas para la construcción de este puerto.
Respecto al ámbito de la autonomía y los procesos sociales comunitarios, si bien es una realidad que Colombia desde 1989 se acogió al Convenio 169 de 1989 de la OIT, y qué la ley 70 de 1993 asignó territorios colectivos, adicional a ello en 1998 se reguló la consulta previa, siendo un “triunfo” para la comunidad afrocolombiana, este proceso viola dicha causa, por dos situaciones: Primero, que a diferencia de países como Panamá, Costa Rica o Bolivia, en Colombia es una «consulta» no es un consentimiento, por lo cual desde el análisis jurídico, ésta no es obligante. Segundo, el declarar al puerto como un “proyecto de interés público” vía ordenanza de la Asamblea, la consulta se quedara solo en un trámite, pues prima el bien común sobre el particular, lo que desconocería la postura del Consejo Comunitario los Riscales y el querer de las comunidades. Además, de desconocer que sin haber sido construido el puerto, ya se han presentado hechos de desplazamiento en 2008, 2012 y 2020, casualmente en la zona de Tribugá.
Tampoco se puede desestimar, los antecedente que el pueblo negro tiene con los proyectos de esta envergadura, ¿Por qué el caso de Buenaventura, Tumaco y Turbo, no son menores en el discusión? Pues, si se revisan los estudios sociales del conflicto armado en zonas portuarias, se establece que los éstos han dinamizado una nueva escena de lo que se podría llamar que es una transacción de “reciprocidad negativa”, pues los proyectos portuarios no han sido determinantes para el desarrollo de estos territorios, por el contrario han sido la causa de la profundización de la pobreza, la violencia, el despojo y la exclusión.
Cito el libro «Buenaventura: Un Puerto Sin Comunidad» para este proceso, pues, si bien el puerto como emprendimiento per se es un proyecto de impacto regional, el mismo libro establece en sus conclusiones, que el puerto no ha cambiado la dinámica económica de la comunidad bonaerense, pero si social. Buenaventura es el municipio con más expulsados por la violencia del Litoral, con 198 mil desplazados (ver en el Registro Único de Víctimas), que inició con el narcotráfico en los 80 y trasciende hasta nuestros días, lo que permite establecer, por un lado, que proporcionó enclaves legales, los cuales solo contratan mano de obra no calificada; y por otro, los enclaves ilegales, relacionados con el narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, etc. Ambos controlados por foráneos.
Al líder social, Temístocles Machado, en 2018 lo asesinaron por no permitir la ampliación de una zona de carga y descarga de vehículos pesados. La Llegada de TCBUEN, empresa extranjera, ha promovido un vaciamiento de la zona rural en Buenaventura y en la zona urbana se creó una “Zona Humanitaria” de Puerto Nayero, donde sus líderes en varias ocasiones han sido víctimas de atentados e intimidaciones, todo esto porque los «territorios ganados al mar» donde ellos habitan han sido de importancia para la ampliación del puerto. Teniendo en cuenta además, que hoy Tumaco, por ejemplo, concentra el 19% de los cultivos ilícitos de todo el país, y hay 18 grupos al margen de la ley; mientras el municipio de Turbo es el fortín del Clan del Golfo. Pero para el descontento de los promotores del puerto, ni Turbo, ni Tumaco tienen hoy buenos hospitales, infraestructura educativa de calidad, entre otras necesidades básicas resueltas.
Entonces bajo estas y muchas afirmaciones más, me pregunto: ¿Será que este puerto no pondrá en riesgo a los nuquiseños y su relación sentipensante con la naturaleza?, ¿Será un puerto sostenible, entendiendo que la sostenibilidad es social, económica y ambiental, postulado básicos de esta categoría analítica, que no se cumplen, teniendo en cuenta que no está vinculado a sus planes de étnodesarrollo, proyectos de vida y los principios de la declaratoria del DRMI?, ¿Por qué no problematizar y dar soluciones como el ecoturismo, como alternativa que emplea al 13% de la población productiva de Costa Rica, o la pesca que se ha presentado como una alternativa proteínica con alto crecimiento, que para 2030 se espera que en Colombia ocuparía el 22% del consumo de cárnicos en nuestro país?
Mi invitación, es a no caer en la lucha politizada y polarizadora de uribistas y antiuribistas, de blancos y de negros, de colonizados y colonizadores, el maniqueísmo no creo que sea la respuesta, es apelar a los matices de la discusión y los potenciales impactos. Creo que la relación del debate debe centrarse las cuestiones que afectan o no a la comunidad nuquiseña y chocoana, pero no en el chantaje de establecer que el extractivismo territorial es la solución para el Chocó, que en este caso se disfraza de “puerto verde”. Debemos centrar la discusión en las alternativas que permitan garantizar el verdadero uso sostenible de nuestro territorio y de nuestro principal poder: la naturaleza. La realidad, aunque siempre sea subjetiva, es que este proyecto amenaza la autonomía comunitaria y el modelo de región al que le apuestan quienes habitan y han invertido en Nuquí y el Pacífico chocoano.

2 pensamientos sobre “Del “Bochinche” a las Realidades: Puerto de Tribugá. Por:José Manuel Perea

  1. Excelente artículo con cifra y datos que muchos se niegan entender, no se puede concebir el desarrollo si ello no mejora las condiciones sociales y de vida de los nativos. No podemos ver el desarrollo donde nuestra gente pasa de ser propietarios de su tierras a ser empleados por foráneos, para ello hay que apostarle a un turismo ecológico y comunitario donde sea la gente de su territorio que se beneficie, sería absurdo que los Chocoanos nos convirtamos en alcahuetas de semejante barbarie que se quiere llevar a cabo en nuestra costa pacífica. No al puerto de Tribugá.

  2. La comunidad chocuana tiene la facultad para no dejar realizar el puerto sólo que como usted lo evidencia en su artículo el bien común prevalece y no el comunitario y de este modo la politiquería que existe en nuestro departamento no está permitiendo quea comunidad continue con su buen vivir.

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