PGN levanta sanción de 3 meses contra el Gobernador del Chocó Ariel Palacios.

El mandatario regresa al cargo.

Tomado de El AfroBogotano

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACION ESTATAL
Radicado numero COVID IUS E – 2020 – 216801 / IUC – D – 2020 – 1502854
Investigado Ariel Palacios Calderón
Cargo y entidad Gobernador de Chocó
Quejoso Anónimo
Fecha de la queja 23 de abril de 2020
Fecha de hechos 15 de abril de 2020
Asunto Presunta irregularidad en la celebración del contrato 201 de 2020.
Bogotá, D.C., 13 de julio de 2020
I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO
Procede esta instancia a evaluar la viabilidad de levantar la medida de
suspensión provisional impuesta a Ariel Palacios Calderón, en su calidad de
gobernador del departamento del Chocó.
II. COMPETENCIA
El numeral 6° del artículo 277 de la Constitución Política, establece que el
Procurador General de la Nación, por medio de sus delegados y agentes
detenta la función de: “Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el
poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas
sanciones conforme a la ley”.
En torno a la competencia de este ente de control para suspender de manera
provisional a servidores públicos de elección popular, es oportuno recordar que
la Corte Constitucional en sentencia C – 086 de 2019, reiteró el precedente en
los siguientes términos:
Debe destacarse que la competencia para investigar y sancionar, en el contexto
del proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a
la Procuraduría General de la Nación1
. Esta entidad es un organismo de control:
forma parte del ministerio público2
, que no se encuentra dentro de ninguna rama
del poder público y, por tanto, no está sometida en modo alguno a interferencias
políticas. En tanto órgano autónomo responsable de adelantar el proceso
disciplinario, la Procuraduría General de la Nación es independiente de los demás
órganos del Estado, de manera semejante a como lo son los jueces, como lo ha
destacado este tribunal3
, al momento de interpretar de manera sistemática y
armónica con la Constitución el artículo 23 de la CADH. Además, sus actos son
susceptibles de control judicial, por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4.9.4. Por tanto, dado que la competencia para suspender provisionalmente a
un servidor público, incluso de elección popular, se funda en la competencia
del operador disciplinario para investigar y sancionar disciplinariamente a
1 Conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 262 de 2000: 1) corresponde al Procurador General de la Nación conocer,
en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los congresistas, el Vicepresidente de la
República y el Alcalde Mayor de Bogotá (art. 7, num. 21 y 22); 2) corresponde a los procuradores delegados conocer, en
primera instancia, de los procesos disciplinarios que se desarrollen contra gobernadores y alcaldes de municipios que
sean capital de departamento o que sean distritos (art. 25, num. 1, lit. c); 3) corresponde a los procuradores regionales
conocer, en primera instancia, de los procesos disciplinarios que cursen contra diputados y concejales de municipios
que sean capital de departamento (art. 75, num. 1, lit. c); y 4) corresponde a los procuradores distritales y provinciales
conocer, en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se sigan contra alcaldes, concejales y ediles de
municipios que o sean capital de departamento (art. 76, num. 1, lit. a).
2 Título X, Capítulo II, de la Constitución.
3 Supra 4.8.
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los servidores públicos, conforme al antedicho precedente, debe concluirse
que la norma demandada es compatible con las normas previstas en el
artículo 23 de la CADH y en el artículo 40 de la Constitución.
Esta conclusión se refuerza a partir del análisis que se ha hecho de los
presupuestos o condiciones objetivas, garantías y controles existentes para
la suspensión provisional, con fundamento en las cuales, este tribunal ya
declaró la exequibilidad de la norma en comento en las Sentencias C-280 de
1996 y C-450 de 2003, al analizar otros cargos. (Resaltado y subrayado fuera de texto)
Así, conforme al literal c) del numeral 1° del artículo 25 del Decreto Ley 262 de
2000, en concordancia con el inciso 4° del artículo 19 de la Resolución No.
0017 del mismo año, expedida por el señor Procurador General de la Nación,
esta instancia es competente para evaluar la conducta de los gobernadores de
los departamentos. 4
III. ANTECEDENTES
3.1 La División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación,
envió por reparto a este despacho queja anónima radicada en la ventanilla
electrónica de la entidad, en los siguientes términos:
“CIUDADANO ANÓNIMO PRESENTA DENUNCIA POR EL AVANCE DEL
CONTRATO NO 0198 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y LA FUNDACIÓN
CHOCÓ SALUDABLE, REPRESENTADA POR DELLY KAREN MOSQUERA
GARCÍA, POR UN VALOR DE $2.091.500.000, CUYO OBJETO ES “PRESTAR
LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE UNA JORNADA DE SALUD PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS BAJO EL ENFOQUE TÉCNICO, DE ACTIVIDADES PARA LA
PREVENCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE GARANTICEN LA
PROTECCIÓN DE INDIVIDUOS, FAMILIA Y COMUNIDAD FRENTE LA
AMENAZA DEL CORONAVIRUS EN LAS LÍNEAS DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE POBLACIÓN NARS EN LAS DIMENSIONES AMBIENTAL, NO
TRANSMISIBLES, SALUD MENTAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL, SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES SALUD, ÁMBITO
LABORAL POBLACIÓN VULNERABLE, Y TRANSMISIBLES EN LOS
COMPONENTES DE INFECCIOSA DESATENDIDAS Y LA TUBERCULOSIS”
3.2 Por su parte, la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y el
Dialogo Social, por correo electrónico refirió los mismos hechos e informó que
en el link https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-
106922435 se podrían consultar los documentos del proceso de selección que
permitieron la celebración del contrato 0198 de 2020.
IV. ACTUACIÓN PROCESAL
En auto del 23 de abril de 2020, se ordenó la apertura de investigación
disciplinaria contra Ariel Palacios Calderón, en su calidad de gobernador del
Chocó, por presuntas irregularidades en la celebración del contrato 0198 de
2020, que pudieron conllevar no solo el desconocimiento de principios de la
contratación estatal, sino porque al parecer la mayoría de las actividades a
4 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C -111 de 2019, señaló: “(…) la Corte decidió aplicar el precedente
jurisprudencial vigente, conforme al cual la competencia de la PGN para sancionar funcionarios públicos de elección
popular se ajusta a la Constitución y a la CADH (…)”.
5 Página de SECOP
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desarrollar con el objeto del contrato no eran imperiosas de realizar ni podían
ser consideradas como un aporte significativo en la mitigación de la pandemiai
,
máxime si se tiene en cuenta que existían necesidades urgentes y prioritarias
por atender en el sector salud para garantizar el derechos fundamental a la vida
y la salud, de las personas que pudieran resultar contagiadas con el Covid 19 y
del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes.
V. TRAMITE DE LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL
5.1 A través de proveído adiado 24 de abril de 2020, se ordenó la suspensión
provisional de Ariel Palacios Calderón, en su calidad de gobernador del Chocó,
al determinase cumplidos los presupuestos del artículo 157 de la Ley 734 de
2002, decisión que fue comunicada al investigado a través de correo electrónico
en la misma fecha.
5.2 La Sala Disciplinaria en auto calendado 27 de abril de 2020, corrió traslado
de las diligencias al señor Palacios Calderón y/o su apoderado, por el término
de 3 días comunes para que presentarán alegaciones y las pruebas que las
sustentan, dentro del trámite del grado de consulta de la decisión adoptada el
24 de abril de 2020, conforme a lo señalado en el inciso 5° del artículo 157 de la
Ley 734 de 2002.
5.3 El 28 de abril de 2020, esta instancia reconoció personería jurídica a Héctor
Carvajal Londoño, como apoderado de Ariel Palacios Calderón.
5.4 El doctor Carvajal Londoño presentó alegaciones de manera previa a que
se resolviera el grado de consulta de la medida de suspensión provisional de su
prohijado.
5.5 La Sala Disciplinaria en decisión fechada 5 de mayo de 2020, resolvió
confirmar la decisión del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se ordenó la
suspensión por el término de 3 meses del gobernador del departamento del
Chocó Ariel Palacios Calderón.
5.6 Héctor Carvajal Londoño el 11 de mayo de 2020, presentó memorial por el
cual solicitó se revocara la suspensión provisional del señor Palacios Calderón.
5.7 Esta instancia el 4 de junio de 2020, resolvió no acceder a la petición de
revocatoria de la suspensión provisional.
VI.CONSIDERACIONES
La suspensión provisional en palabras de la Corte Constitucional es una medida
de carácter preventivo6
, y “de prudencia disciplinaria que tiene la finalidad de proteger el
interés general, por lo cual es perfectamente razonable que el Legislador la establezca en los
procesos disciplinarios”
7
, que busca proteger el interés general8 y garantiza el
correcto ejercicio de la función pública.
6 Sobre el particular revisar la sentencia C-406 de 1995.
7 Sentencia C- 280 de 1996 ((Suspensión provisional en la Ley 200 de 1995) y sentencia C – 450 de 2003.
8 Al respecto revisar la sentencia C – 280 de 1996
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En este contexto se recuerda que la naturaleza y finalidad del derecho
disciplinario resulta consustancial y necesaria en el marco del Estado Social de
Derecho, toda vez, que los servidores públicos y los particulares que ejercen
función pública tienen la responsabilidad de materializar los fines del Estado9
,
así, es menester que a los servidores públicos se les exija el cumplimiento de
sus obligaciones, se regule su comportamiento y se les sancione cuando su
conducta sea contraria a derecho.
La medida se encuentra regulada en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002,
puede ser adoptaba durante la investigación disciplinaría o en el juzgamiento
por el funcionario competente que tramita la actuación contra un servidor
público por el término de tres (3) meses, por hechos que puedan ser
investigados como faltas gravísima o graves, siempre y cuando se evidencien
serios elementos de juicio que permitan vislumbrar que la permanencia en el
cargo del investigado posibilita: (i) la interferencia en el trámite de la
investigación; (ii) la continuación de la falta o (iii) la reiteración de la misma.
Este instituto jurídico fue declarado exequible por la Corte Constitucional
mediante las sentencias C-450 de 200310 y C-086 de 2019, por las siguientes
razones11:

  1. La naturaleza jurídica de la medida se acompasa con la Carta Política,
    pues, está orientada a la protección de principios y valores superiores e
    la estructura de Estado. De igual forma, por no tratarse de una sanción
    no implica un pronunciamiento anticipado respecto a la responsabilidad
    del investigado12, por ende, no afecta el principio de la buena fe, la
    presunción de inocencia o el derecho al buen nombre13 y 14
    .
  2. La decisión por medio de la cual se dispone la suspensión provisional de
    un servidor público debe ser motivada, evidenciando el cumplimiento de
    los siguientes presupuestos:
    • El destinatario de la medida debe ser un servidor público que se
    encuentre en ejercicio de un cargo, función o un servicio público15
    .
    • La suspensión provisional se puede imponer en la investigación o en la
    etapa de juicio disciplinario. Frente al primer evento, se precisa que una
    vez identificado el presunto infractor de la Ley disciplinaria, es decir;
    cumplido el presupuesto para ordenar la apertura de investigación
    disciplinaria en la misma providencia es posible disponer la medida.16
    • La medida se impone al servidor público que se investiga por una
    conducta susceptible17 de adecuarse en una falta gravísima o grave,
    9 Sentencia C -280 de 1996.
    10 El cargo de inconstitucionalidad fue, entre otros, el desconocimiento de la supuesta afectación a la presunción de
    inocencia.
    11 T-433 de 2019
    12 Sentencia C-406 de 1995.
    13 Sentencia C-450 de 2003.
    14 Sentencia C-450 de 2003.
    15 Sentencia C-086 de 2019.
    16 Sentencia C-450 de 2003.
    17 Sentencia C-450 de 2003
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    Auto que revoca la suspensión provisional de un servidor público
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    las primeras fueron previstas por el legislador mientras que las segundas
    se definen aplicando los criterios de artículo 43 de la Ley 734 de 2002,
    conforme a la remisión del artículo 50 de la misma obra adjetiva.
    • La suspensión se ordena cuando se evidencien “serios elementos de
    juicio”
    18 que permitan acreditar que la permanencia en el cargo, función o
    servicio público posibilita alguna de las causales previstas en el artículo
    157 del CDU que motivan la medida, que a saber son: (i) interferencia en
    la investigación; (ii) la continuación de la falta; o (iii) la reiteración de la
    misma.19 En lo que respecta a las dos últimas causales se busca eliminar
    la posibilidad que el correcto ejercicio de la función pública siga siendo o
    vuelva a ser afectado por la conducta del sujeto disciplinable20
    .
    • El servidor público suspendido tiene las siguientes garantías: la decisión
    es susceptible de control a través del grado de consulta y el ejercicio de
    las acciones judiciales que correspondan; la posibilidad de levantar la
    medida, una vez, desaparezcan los fundamentos de hecho o de derecho
    que dieron lugar a su imposición21; el límite en el tiempo; la
    responsabilidad disciplinaria del funcionario que la adopta; y la
    “proporcionalidad y razonabilidad de la medida”
    22
    .
    De lo consignado en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002 y la jurisprudencia de
    la Corte Constitucional se colige que los presupuestos procesales para la
    adopción de la medida son los siguientes:
  3. Oportunidad Procesal: Desde la apertura de investigación disciplinaria
    hasta el juzgamiento.
  4. Naturaleza de la falta: El legislador señaló que es procedente cuando la
    falta investigada se califique como gravísima o grave, lo cual se explica
    por el rigor de la medida y la sanción contemplada para esta clase de
    faltas.
    Por su parte, el requisito sustancial y/o de motivación tiene por fuentes:
    a) Interferencia en el trámite de la investigación
    b) Continuación de la falta
    c) Reiteración de la falta
    Respecto a la interferencia en la investigación se pretende preservar la
    actuación de cualquier perturbación, presión o impedimento que pudiera
    producirse como consecuencia de la permanencia del investigado en su cargo o
    función.
    Las causales b) y c) tienen la misma finalidad, pues se encaminan a proteger la
    18 Según la Sentencia C-450 de 2003 La evidencia de “serios elementos de juicio” implica que con estos se infiera la
    necesidad de precaver que la conducta se reitere, lo cual no constituye un juicio anticipado sino “una facultad derivada
    de la valorización de elementos probatorios relativos al acto que disciplinariamente se le imputa”.
    19 Sentencia C-450 de 2003.
    20 Sentencia C-450 de 2003.
    21 Sentencia C-450 de 2003 y C-086 de 2019.
    22 Sentencia T- 433 de 2019
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    Auto que revoca la suspensión provisional de un servidor público
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    administración pública, evitando que la falta disciplinaria pueda continuarse o
    volverse a realizar; sin embargo, diferenció el verbo rector de cada una de
    estas, como a continuación se precisa. Causal b) verbo continuar que,
    conforme al diccionario de la real academia de la lengua, significa “seguir
    haciendo lo comenzado”. Por su parte la causal c) verbo reiterar. “Volver a decir
    o hacer algo”.
    Así, cuando el legislador refirió que la permanencia del investigado posibilita la
    continuación de la falta hace referencia a la conducta dentro del mismo hecho
    investigado. Por su parte al establecer la posibilidad de reiterar está
    precaviendo la posibilidad que el mismo sujeto en un nuevo evento
    diferente al cual este siendo investigado proceda en similar o igual forma.
    En este sentido, la permanencia en el cargo permite inferir que se puede
    reiterar la conducta en tanto, aquí cobra vigencia lo expuesto por la Corte
    Constitucional en la sentencia C – 450 de 2003, al señalar frente a los
    elementos a considerar, que “De lo que se trata es de precaver que una conducta objetiva
    de la cual existen serios y elementos de juicio, se prolongue en el tiempo una vez realizada.
    Dicha prolongación puede tener dos modalidades: la simple continuación o la reiteración de la
    conducta ya realizada. No se está entonces, ante un juicio anticipado de la personalidad
    del servidor público investigado o juzgado disciplinariamente, sino ante una facultad
    derivada de la valoración de elementos probatorios relativos al acto que se le imputa”
    (resaltado del despacho)
    Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T- 433 de 2019,
    puntualizó que la autoridad disciplinaria para disponer la suspensión provisional
    del servidor público debía determinar la proporcionalidad y razonabilidad de la
    medida, en los siguientes términos:
    el primero atiende a fines constitucionalmente válidos, entre estos, “el acatamiento
    de los fines de la función pública como elemento estructural de la prevalencia del
    interés general”, es decir, la eficiencia, economía, igualdad, celeridad,
    imparcialidad y publicidad, así como la “moralidad pública”; y, segundo, cumple los
    requisitos establecidos en la ley para la imposición de la restricción
    Adicionalmente, al estar comprometidas garantías superiores como los derechos
    políticos y, a la vez, el interés general, puede resultar procedente acudir a el test de
    razonabilidad y el juicio de proporcionalidad, que son herramientas jurídicas
    utilizadas para evidenciar si una medida resulta constitucional en consideración al
    fin perseguido. Particularmente, el principio de razonabilidad constituye un
    “instrumento de control sobre las actuaciones de las autoridades estatales, pues en
    un Estado Social y Constitucional de Derecho, estas deben orientarse al
    cumplimiento de fines constitucionalmente legítimos. Si esas medidas tocan
    derechos fundamentales, no sólo deben ser razonables sino que, además, deben
    resultar proporcionados”.
    La proporcionalidad constituye una prohibición de exceso. Desde esta perspectiva
    “(l)a proporcionalidad de la medida provisional depende de que ésta propenda por
    los fines que la justifican”. En términos generales el juicio de proporcionalidad exige
    estudiar si el impacto sobre los derechos fundamentales cumple con los siguientes
    tres criterios: (i) idoneidad: exige verificar la adecuación de la medida para alcanzar
    un fin constitucionalmente legítimo; (ii) necesidad: implica analizar si existen
    medidas alternas con mayor o igual eficacia para lograr el fin propuesto, las cuales
    afectan en menor grado las garantías comprometidas; y (iii) proporcionalidad en
    sentido estricto: busca estudiar la proporcionalidad entre medios y fines “es decir,
    que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios
    constitucionalmente más importantes
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  5. De los presupuestos para que ordenara la medida
    Frente al cumplimiento de los presupuestos se tiene que la suspensión
    provisional se ordenó en la etapa de investigación disciplinaria, por ende, el
    requisito de oportunidad procesal se cumplió.
    Acerca de la Naturaleza de la falta, se tiene que en la providencia del 24 de
    abril se señaló que los hechos investigados eran susceptibles de ser
    investigados como falta gravísima, pues participar en la actividad contractual
    con posible desconocimiento de los principios de la contratación estatal,
    corresponde a la descripción del tipo previsto en el numeral 31 del artículo 48
    de la Ley 734 de 2002, ilícito disciplinario que el legislador en uso de la facultad
    consignada en el numeral 2° del artículo 15023 de la Constitución Política en
    consonancia con el artículo 27924 de la misma normativa calificó como
    gravísima. Por tanto, el requisito se encuentra cumplido.
    Por su parte, el requisito sustancial y/o de motivación, en la decisión objeto de
    controversia a través de esta acción se indicó que la medida se imponía para
    evitar la reiteración de la falta, pues, los serios elementos de juicio arrimados
    al plenario permitieron acreditar que la permanencia del señor gobernador del
    Chocó en el cargo posibilitaba la reiteración de la falta, siendo imprescindible
    recordar que conforme a la Ley 80 de 1993, el funcionario en departamento del
    Chocó que detenta la competencia para celebrar negocios jurídicos es el
    gobernador, por cuanto en este servidor público confluyen las condiciones de
    representante legal de la entidad territorial y ordenador del gasto.
    En este contexto es oportuno recordar que la máxima instancia de la
    jurisdicción constitucional en la sentencia C – 450 de 2003, sobre este tópico
    puntualizó:
    “De lo que se trata es de precaver que una conducta objetiva de la cual
    existen serios y elementos de juicio, se prolongue en el tiempo una vez
    realizada. Dicha prolongación puede tener dos modalidades: la simple
    continuación o la reiteración de la conducta ya realizada. No se está entonces,
    ante un juicio anticipado de la personalidad del servidor público investigado
    o juzgado disciplinariamente, sino ante una facultad derivada de la valoración
    de elementos probatorios relativos al acto que se le imputa” (resaltado del
    despacho)
    Obsérvese que la Corte Constitucional inició el análisis de las causales
    continuar y reiterar utilizando el vocablo precaver, que conforme al diccionario
    de la Real Academia de la Lengua es: “Prevenir un riesgo, daño o peligro, para
    guardarse de él y evitarlo”. Y frente a los elementos de juicio señaló que los mismos
    debían “evidenciar la conducta objetiva” que corresponde a los hechos objeto
    de investigación, es decir; el material probatorio que se evalúa es el
    recaudado frente a la conducta que puede adecuarse como falta grave o
    gravísima
    23 Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 2. Expedir códigos en
    todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
    24 “La ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, regulará lo
    atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación,
    calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo.”
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    En tal sentido, en el auto calendado 24 de abril de 2020, en concreto lo
    consignado para analizar el requisito sustancial o de motivación de la medida se
    observa que esta delegada con fundamento en los elementos de juicio
    encontró que Ariel Palacios Calderón en su condición de gobernador el Chocó
    participó en el proceso de contratación directa por urgencia manifiesta al
    celebrar el contrato 0198 de 2020, con posible desconocimiento de los
    principios que gobiernan la contratación estatal.
    Así, la medida se impuso porque el señor Palacios Calderón en su calidad de
    gobernador del Chocó en el ejercicio de las funciones propias del cargo25, como
    se señaló en el auto calendado 24 de abril de 2020, podría vulnerar los
    principios de la contratación estatal y la función pública en un nuevo evento,
    siendo imperioso recordar que la facultad de contratación, es una expresión de
    la función administrativa, de tal forma que es una actividad reglada,
    fundamentada en principios y reglas, y tiene por finalidad lograr los cometidos
    señalados en el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, bajo la premisa
    del interés general26, por tanto, el requisito sustancial para imponer la medida
    se cumplió.
  6. De la proporcionalidad y razonabilidad de la medida – nuevas
    circunstancias
    En cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad de la suspensión provisional,
    teniendo como referencia la sentencia T – 433 de 2019, se determinó que la
    medida adoptada cumplió con estos criterios, como se detalla a continuación:
    i. Idoneidad: La medida impuesta, persigue un fin legítimo, toda vez, que busca
    proteger el interés general, el recto ejercicio de la función pública y los derechos
    a la vida y a la salud, a través de la correcta inversión de los recursos públicos
    al celebrar contratos sobre los cuales se estudie su conveniencia e
    inconveniencia y la eficacia del mismo para la contención o mitigación de la
    pandemia del COVID – 19.
    ii. Necesidad: La suspensión provisional en el caso concreto se impuso para
    asegurar el correcto funcionamiento de la función pública pues de los serios
    elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo
    permite la reiteración de la falta, pues el señor Palacios Calderón detenta la
    facultad de celebrar contratos, siendo del caso precisar, que bajo ninguna
    óptica significa que la suspensión provisional pueda imponerse a todos los
    servidores públicos que ostentaran la facultad de contratación, por este simple
    hecho, la medida se impuso teniendo en cuenta que se está investigando la
    posible vulneración de principios de la contratación estatal, los recursos
    comprometidos para ejecutar el contrato ascendían a más de $2 mil millones y
    son del sector salud, por tanto, están relacionados con la eficacia de los
    derechos fundamentales a la vida y a la salud de la población habitante de
    la entidad territorial y nos encontramos en medio de una pandemia que
    implica la mayor pulcritud en la inversión de recursos públicos.
    25 Literal b) del numeral 3° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993
    26 Al respecto se puede revisar la sentencia C- 713 de 2009.
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    iii. Proporcionalidad en sentido estricto: La medida de suspensión
    provisional impuesta al señor gobernador no comporta una sanción definitiva,
    no se afecta la presunción de inocencia y durante la actuación disciplinaria tiene
    la posibilidad de desvirtuar la circunstancia fáctica por la cual se impuso la
    medida.
    Ahora bien, se recibió en este organismo de control correo electrónico en el cual
    se consigna:
    “Señores procuraduría buenas tardes, los habitantes del Chocó estamos muy
    preocupados por la forma en que el virus nos esta afectando ya no tenemos uci y
    ahora el gobernador encargado esta en espera de resultado de prueba en caso
    que le salga positiva quien nos va a gobernar, quien nos va a representar ante el
    gobierno nacional para que nos ayuden? Otro gobernador que encarguen y
    mientras se pone al corriente de las cosas como va a ser el servicio de salud,
    como nos vana a garantizar la vida, estamos aterrados de pensar en la tragedia de
    los muertes (…)
    27
    Así mismo, en la fecha esta instancia conoció a través de la red social Twitter
    que en la cuenta @GobChoco se informó que uno de los asesores del
    gobernador encargado resultó positivo por coronavirus, razón por la cual
    Jefferson Mena debió someterse a la prueba del COVID – 19 y debía seguir las
    medidas que los protocolos exigen y que estaría aislado durante los
    próximos 14 días cumpliendo funciones.
    La gobernación reportó a fecha 12 de julio de 2020, la siguiente información
    respecto al comportamiento del virus en el departamento del Chocó:
    De igual manera, Noticias Caracol en la edición nocturna del 12 de julio reseñó
    que la secretaria de salud de Quibdó anunció la ocupación del 100% de las
    camas UCI tanto de la red pública como privada para la atención de pacientes
    positivos para COVID – 19.
    Teniendo en cuenta que (i) que en el departamento del Chocó existen 1268
    casos activos y 1351 en espera de resultado; (iii) que si bien se han hecho
    esfuerzos para mejorar las condiciones para la atención de los pacientes en la
    ESE Departamental Hospital San Francisco de Asís, en este momento no
    existen camas UCI disponibles según lo informó la secretaría de salud de
    27 Alfredo Jiménez
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    Auto que revoca la suspensión provisional de un servidor público
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    Quibdó; y (iv) que el gobernador encargado del Chocó se encuentra en
    aislamiento preventivo obligatorio por el término de 14 días y en espera de
    resultado de la prueba para COVID – 19, lo que implicaría ante un eventual
    resultado positivo la necesidad de designar un nuevo gobernador encargado,
    situación que implicaría una contingencia institucional que conforme a la
    realidad descrita resultaría inconveniente, toda vez, que es imprescindible y
    urgente la continuidad en el ejercicio de la función administrativa en la
    entidad territorial.
    Las anteriores circunstancias imponen a esta instancia de manera urgente la
    obligación de analizar si resulta conveniente mantener la medida de suspensión
    provisional impuesta por 3 meses al gobernador del departamento, la cual
    vencería en 10 días, y ponderar mantener la medida ante una eventual
    interrupción en la continuidad en la administración departamental que podría
    poner en riesgo los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la
    población habitante de la entidad territorial.
    Conforme lo anterior, es imperioso optar por la garantía de los derechos
    fundamentales a la vida y a la salud de la población habitante de la entidad
    territorial, y en consecuencia, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad
    resulta menester levantar la medida de suspensión provisional de Ariel
    Palacios Calderón en su calidad de gobernador del Chocó.
    La anterior determinación se adoptará sin perjuicio que Ariel Palacios Calderón,
    en su calidad de gobernador del Chocó, continúa vinculado a la actuación e
    investigado por el posible desconocimiento de los principios de la contratación
    estatal al celebrar el contrato 201 de 2020.
    VII. OTRAS DETERMINACIONES
    Se remitirá copia de esta decisión a la Procuraduría Regional del Chocó, a la
    Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo de
    Decente y a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la
    Función Pública, para que en el marco de sus competencias adelanten las
    acciones pertinentes para velar por el ejercicio diligente y eficiente de la
    función administrativa respecto a la facultad de contratación, la
    destinación e inversión de los recursos públicos y la garantía de los
    derechos fundamentales a la vida y a la salud de los habitantes y
    residentes en el departamento del Chocó.
    En mérito de lo expuesto, la Procuradora Segunda Delegada para la
    Contratación Estatal, en uso de sus facultades legales,
    VIII. RESUELVE
    PRIMERO. Levantar la suspensión provisional por el término de tres (3) meses
    impuesta a Ariel Palacios Calderón en su calidad de gobernador del Chocó,
    de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
    SEGUNDO. Por la secretaria de esta delegada comunicar está decisión a los
    sujetos procesales, advirtiendo que contra la presente no procede recurso
    alguno.
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    Auto que revoca la suspensión provisional de un servidor público
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    TERCERO. Comunicar esta determinación al señor Presidente de la República,
    para lo de su competencia.
    CUARTO. Remitir copia de esta decisión a las dependencias de la Procuraduría
    General de la Nación señaladas en la parte motiva de esta decisión, para la
    finalidad descrita.
    COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
    GLORIA YANETH QUINTERO MONTOYA
    Procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal
    IGJG/GYQM
    i Ciclos educativos en sesiones de 2 horas. Sexualidad, derechos sexuales, seguridad

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